La justicia ha sido un pilar fundamental para el bienestar y la paz social, pues a través de ella se busca la igualdad de condiciones y oportunidades para las personas mediante la distribución equitativa de los bienes comunes. También pretende transformar los contextos de grupos que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad con la finalidad de resguardar sus luchas por medio del reconocimiento y goce de sus derechos humanos. Ello se garantiza también mediante instituciones autónomas, plurales y representativas de la diversidad social dentro de los estados a través del reconocimiento de la multiplicidad de actores y voces colectivas, lo cual implica la ampliación de espacios que históricamente han sido de grupos sociales específicos y delegación de poder a quienes no han sido escuchados ni visibilizados.

En ese sentido, uno de los objetivos claves para la justicia social ha sido la paridad de género dentro de las instituciones en don-de se ha limitado el acceso a espacios de poder y la toma de decisiones a millones de mujeres en el mundo. Si bien, los “techos de cristal” y “pisos pegajosos” todavía son desafíos para transicionar de la igualdad figurativa a la sustantiva, la incorporación de mujeres en los ámbitos laboral y educativo ha logrado disminuir la brecha de género y avanzar en la equidad.

En México, estas transformaciones han trastocado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con Norma Lucía Piña Hernández, la primera presidenta en su historia. Es importante mencionar que en los últimos años se ha garantizado el estado de derecho a través del respeto, protección y promoción de los derechos humanos con base en la perspectiva de género y enfoque interseccional. Por ende, la transición en la dirección de la SCJN conlleva una gran responsabilidad y compromiso con el sistema de justicia mexicano, así como una gran expectativa sobre las prioridades sociales y operación del Poder Judicial en los próximos años.

Asimismo, aunque se ha establecido un antecedente para las mujeres, al romperse el “techo de cristal” en una de las instituciones judiciales más importantes en el país, aún hay áreas de oportunidad para garantizar la igualdad sustantiva dentro del Poder Judicial. Aunado a ello, los retos que enfrenta la ministra Piña para mantener la autonomía y equilibrio entre los poderes de la Federación no son menores; por ello, su compromiso con los principios de la justicia será clave para la labor que ahora le encomiendan.

En relación con eso, la independencia de la SCJN en sus actuaciones y procedimientos se hace vital para la preservación del Estado democrático con base en el respeto y protección de los derechos humanos, y fortalecer la equidad de género y justicia social para transformar el contexto de impunidad, violencia y corrupción que enfrentan las víctimas de este país.

Transferir la presidencia de la SCJN no es sólo un cambio constitucional y administrativo, es una oportunidad para transicionar la justicia. Transicionar de las todavía deficiencias institucionales y procesos jurídicos deficientes, hacia dependencias garantes de procesos transparentes y apegados a la ley y a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Especialmente, para transicionar a condiciones dignas y justas para las personas y grupos históricamente discriminados y aún invisibilizados en nuestro país.

Aunque la ministra Norma Piña ha sentado un antecedente para la nación en materia de paridad de género, se espera que también siembre precedentes en la justicia mexicana y logre consolidar la justicia, tan necesaria para el florecimiento de la verdad, la memoria, la equidad y la paz social. Que en este transitar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conserve la defensa por la dignidad humana y de toda forma de vida, con base en la Constitución Política Mexicana y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Que el trabajo efectivo entre los poderes de la Federación se mantenga a través del respeto y autonomía que ha caracterizado a la máxima dependencia jurídica en sus determinaciones y, ante todo, que sigan prevaleciendo y ampliándose las voces de pueblos, comunidades, víctimas y familiares en la búsqueda de su reconocimiento y protección de una vida digna, justa y libre de violencia.

Que este logro histórico sea una oportunidad de cambio y transformación social para una justicia donde quepan muchas justicias, y para la construcción de un país más digno, justo y en paz.