Iniciando 2022, la Secretaría de la Función Pública documentó –a través de la auditoría 3/2021 del Órgano Interno de Control– que hasta a 60 por ciento de los derechohabientes del Issste no les surtían en su totalidad los medicamentos prescritos; que siete de cada 10 debían adquirirlos por su cuenta y que hasta 68 por ciento de los pacientes preferían acudir a médicos especialistas privados o a consultorios adyacentes a las farmacias, por la demora en los servicios institucionales que registran tiempos de espera promedio de cuatro horas.

La duración de la consulta efectiva promedió 15 minutos, sin que el médico familiar –a pesar de su actitud amable–, pudiera permitirles explicar su malestar, ser examinados con detenimiento y aclararles dudas o hacer preguntas. Los tiempos de espera para ser referidos a la consulta de especialidad oscilaron entre tres-seis meses y año y medio-dos años. Además, el sistema de citas por Internet y teléfono no es utilizado por los afiliados que obtienen citas mediante fichas en las unidades médicas. La auditoría confirmó que los servicios médicos otorgados “no se prestan” con eficiencia y eficacia como para satisfacer las expectativas de calidad de los derechohabientes ( La Jornada, 6/1/22).

Poco después se hizo público que, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), ocho funcionarios y ex funcionarios del Issste habían sido vinculados a proceso, al haber ocasionado un fraude por 831 millones de pesos relacionado con la adquisición de marcapasos y diversos materiales de curación –durante 2019– haciendo uso ilícito de sus atribuciones y facultades ( La Jornada, 28/4/22).

Y en junio de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el análisis de la Cuenta Pública 2020 mostró que, por descontrol y falta de rigor en la administración del sistema de pensiones del Issste, pudo provocarse un posible daño patrimonial superior a 575 millones de pesos por concepto de remanentes no devueltos –hasta febrero de 2022– a la Tesorería de la Federación. Se trata del manejo discrecional que, durante décadas, se facilitó al presupuesto del instituto para autorizar pensiones de “trato especial”.

De 1989 a 2022, esa nómina de trato especial (expedida el 6 de febrero 2002, pero en operación desde 1989 “por un acuerdo de voluntades” a cargo de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto) benefició a casi 6 mil servidores públicos “cuya salud física o mental les impide el desarrollo de sus funciones” y para aquellos mayores de 55 años cuyo reconocimiento de antigüedad “sea requisito indispensable” para pensionarse. La ASF encontró que a diciembre de 2021, sólo quedaban 16 pensionados en ella. Con el “trato especial” se favoreció, desde 1989, a personal operativo de base en el tabulador general de las dependencias del gobierno federal; el de confianza, el de enlace hasta el nivel MC07 o equivalente de director general y lista de raya con nombramiento definitivo a partir del 1/1/75.

Destaca también la falta de documentación que respalde los pagos mensuales a los trabajadores en retiro y la presencia de una contabilidad deficiente que impide identificar la ruta del dinero, incluidos los recursos no utilizados. Tampoco hay mecanismos eficaces para verificar la sobrevivencia de los jubilados/pensionados. Según la ASF hay cerca de 9 mil pensionados con más de 90 años sin prueba de sobrevivencia, ni el debido proceso de conciliación de actas de defunción y baja de la CURP en el Registro Nacional de Población. Además, se carece del padrón de instituciones bancarias a donde se transfieren los pagos de pensiones ( La Jornada, 5/6/22).

Igualmente, en junio de 2022 se hizo público que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Issste detectaron “cientos” de casos en que sus empleados, coludidos con bufetes de abogados y miembros de Juntas de Conciliación y Arbitraje, pagaron pensiones que superan entre 17 y 175 por ciento el monto al que se tenía derecho. Es decir: pensiones infladas. El daño patrimonial al instituto resultó multimillonario: se aseguraron cuentas bancarias por 800 millones de pesos. No existe, además, una cuantificación de jubilados que, desde 2013 o antes, reciban recursos que no corresponden a su salario base de cotización.

Ya en la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF había detectado pensiones irregulares en la Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California, Durango, Morelos, Chiapas y en Estados Unidos. La ASF descubrió que en 10 casos el pago de la jubilación global sumó 4 millones 800 mil pesos, cuando el monto por cubrir debió sumar sólo 2 millones 900 mil pesos ( La Jornada, 5/6/22).

Por su parte, María de la Luz Mijangos, fiscal especializada en materia del combate a la corrupción (FGR), confirmó la posibilidad de que esa fiscalía diseñe áreas específicas que indaguen ca-sos de defraudación fiscal por la obtención de pensiones por montos ilegales gracias a redes de connivencia ( La Jornada, 12/7/22).

* UAM-Xochimilco