Tula de Allende, Hgo., Durante 50 años, el gobierno federal y el del estado no han podido remediar los daños a la salud y al ambiente de ocho municipios del valle de Mezquital, causados por las descargas de aguas residuales del valle de México y la industria local al río Tula y la presa Endhó.

Ese medio siglo, la sociedad organizada de esta región de 20 mil habitantes –incluido el pueblo otomí hñähñu y comunidades ejidales– ha luchado por sobrevivir a enfermedades crónicas y a la marginación; no sólo han emprendido movilizaciones pacíficas, sino también presentaron proyectos de sustentabilidad.

Su objetivo es claro: dejar de ser una zona de sacrificio que dota a la Ciudad de México de hidrocarburos y electricidad en la refinería y la termoeléctrica de Tula, y que también es receptora de las aguas negras de la capital.

Desde el embalse, Yuri Uribe Montero, dirigente del Movimiento Social por la Tierra, señaló a La Jornada que, por la contaminación, la población padece de manera habitual de dolores de cabeza, infecciones estomacales, respiratorias y en vías urinarias, conjuntivitis, dermatitis y ascariasis.

Muestras científicas de los mantos, documentados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2024, han detectado en las aguas de la presa concentraciones fuera de las normas de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, alcalinidad, grasas, nitratos y metales pesados como cadmio, plomo, hierro, manganeso y zinc.

Son al menos 36 mil 637 hectáreas afectadas en los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.

Aunque no hay un registro oficial de enfermedades, casos y defunciones por la contaminación, la ambientalista resaltó que en los últimos años se han incrementado los casos de falla renal y de distintos tipos de cáncer, como estomacal, intestinal, mama y matriz.

Los gastos para cumplir con los tratamientos con médicos particulares ascienden hasta 35 mil pesos por paciente al mes, señalaron algunos de los afectados bajo anonimato. Muchos de los pacientes deciden no continuarlos cuando sus padecimientos se agravan y al no tener atención médica pública, agregaron.

En un recorrido, este diario constató cómo todo el embalse está cubierto por la plaga del lirio acuático, nidos de enjambres de moscos, especialmente el Culex, transmisor del virus del Nilo occidental, filariasis, encefalitis virales y malaria.

El hedor predomina. A la distancia se observa cómo dos brigadas del Ejército extraen con maquinaria y planchas removedoras toneladas de la flor, además de residuos, en un intento para sanear la presa, con una superficie de mil 260 hectáreas.

Uribe vive a las faldas de la cortina de la presa, en la localidad de Pedro María Anaya, Tula. A unos pasos de su casa hay un hoyo de desfogue que mide 300 metros de largo por 50 de ancho y 40 de profundidad, de donde se liberan aguas jabonosas. La espuma se eleva hasta tres metros y salpica las viviendas aledañas, por lo que corroe lo que toca y enferma a los animales, a los cuales incluso causa la muerte.

Un problema de larga historia

Esta es una zona árida y, por ello, las autoridades comenzaron a traer desde el siglo XVIII aguas negras y pluviales de la Ciudad de México a través de megaproyectos hidráulicos, con un doble propósito: evitar inundaciones de la capital y que los flujos vertidos al río Tula se utilizaran en el campo, dedicado al cultivo de maíz, frijol, avena, cebada, trigo y hortalizas.

Comenzó con la construcción del Gran Canal del Desagüe, culminada entre 1898 y 1900. Después se finalizaron los conductos del Interceptor Poniente del Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, en 1964.

A su vez, la presa Endhó se creó de 1947 a 1953, entre los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán para almacenar 182 millones de metros cúbicos de agua limpia. Pero el proceso se revirtió con la conclusión del Emisor Central, en 1975, y las aguas residuales comenzaron a estancarse, agudizando los impactos ambientales y a la salud.

A ello se acumulan los contaminantes, incluidos los atmosféricos, de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos (1987) y la refinería Miguel Hidalgo (1976). Además, opera el corredor industrial Tula-Atitalaquia-Tepeji con cientos de fábricas, mineras, cementeras y caleras.

En 2017, el Laboratorio Nacional de Referencia determinó que los pozos de las localidades de Pedro María Anaya, en Tepetitlán; Santa Ana Ahuehuepan, San Francisco Bojay y Santa María Michimaltongo, en Tula de Allende; Chabacano, en Singuilucan; Xochitlán, en Progreso de Obregón, y Torrión tienen metales pesados.

La Comisión Nacional de Agua notificó en 2018 al entonces gobernador estatal, Omar Fayad, de la contaminación de los mantos acuíferos, pero su administración ignoró el problema, indicó Uribe. En ese mismo año, el gobierno estatal obtuvo un presupuesto para el campo de 30 millones de pesos, con lo que se construyeron cinco plantas potabilizadoras entre Tepetitlán y Tula de Allende, pero desde 2021 no funcionan.

Problemas en el campo

La construcción de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de los canales de riego para las parcelas y la carretera México-Tula han afectado 350 hectáreas de los ejidos San Francisco Bojai, el Llano y Santa Ana Ahuehuepan. En la tierra se concentran las aguas residuales y de los manantiales naturales, lo que provoca la acumulación de salitre.

Jesús Peza Paredes, un campesino de más de 70 años, contó que sus cosechas de maíz y frijol apenas si dan sobre los campos que renta por año. Con el apoyo económico de su hijo, aseguró que este 2025 la siembra va un poco mejor, porque con la del año pasado apenas tuvo para pagar el alquiler.

Actualmente se realizan trámites con la Universidad Chapingo, impulsados por la población, para intervenir los ejidos a través del método de pozos de observación, y poder sanearlos. Los trabajos emprendidos por la casa de estudios, impulsados desde 2017, ya dieron resultados en los ejidos La Loma y San Mateo de Anaya, además de una parte de la ex hacienda Endhó.

Genaro Ayala Ángeles, ejidatario de San Mateo Ayala, comentó que 90 por ciento de sus tierras funcionan, pero el otro 10 está dañado por el salitre. Por ello, pidió más ayuda gubernamental para remediar el campo. El líder comunal perdió a su esposa por cáncer.

Plan de remediación

Ante estas problemáticas, Uribe Montero demandó aplicar urgentemente la declaratoria de zona de restauración ecológica del área de influencia de la presa Endhó, decretada el 26 de septiembre de 2024 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La medida prevé que, en un plazo de ocho meses, se eche a andar un plan integral de remediación. Entre los puntos a incluir figuran dar garantía de agua potable, un programa de salud especializado y apoyos para el campo, apuntó.

A mes y medio de vencerse el plazo, señaló que la Semarnat no ha presentado avances. Para este sexenio, el gobierno federal ha anunciado que remediará la contaminación en el río Tula, impulsará proyectos de economía circular y reducirá la producción de hidrocarburos.

Emiliano Vizzuet Martínez, vecino de San Mateo Ayala, aseguró que urge la ayuda médica, sobre todo la construcción de un hospital de especialidades, para atender los casos de falla renal o cáncer. Señaló que la atención sanitaria es mínima porque no se cuenta con tratamientos básicos ni con personal sanitario suficiente. Él también perdió a su madre por cáncer.