En México se requiere una política que combata los monopolios con toda la fuerza del Estado, se advierte en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre competencia económica.

En la misma se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, a la que se dota de diversas facultades y se endurecen las sanciones.

En la exposición de motivos se señala que la política sobre competencia ha dado resultados, ya que entre 2013 y 2023 se analizaron mil 417 concentraciones con un valor mayor a 19.8 billones de pesos.

Ademas, se impusieron multas por 13 mil millones de pesos a corporaciones que incurrieron en prácticas ilegales, en detrimento de los consumidores.

Sin embargo, no es suficiente, y de ahí la decisión de crear el nuevo órgano que asumirá la regulación de todos los sectores, incluido el de telecomunicaciones y radiodifusión, y al que se dotará de diversas atribuciones y mejores herramientas para allegarse la información requerida en sus investigaciones.

Podrá acudir a diligencias de inspección, encuestas, e incluso a través de mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades en el extranjero.

Se incrementan, además, las sanciones en casos de prácticas monopólicas absolutas, que son las más dañinas. Las multas son por 20 por ciento de los ingresos de la corporación que incurra en esa acción, consistente en que diversos agentes económicos se ponen de acuerdo para, en lugar de competir, intercambiar información con miras a incrementar precios de artículos y de tarifas de servicios.

En el caso de las prácticas monopólicas relativas, consistentes en que las grandes corporaciones abusan de su poder, no sólo para sacar del mercado a sus competidores, sino para establecer precios excesivos o restringir el abasto o suministro en busca de mayores ganancias, la multa es de 15 por ciento de sus ingresos.

Igualmente, se agilizan los plazos de resolución y trámites de la Comisión Nacional Antimonopolio, al igual que las medidas de apremio, para que sean más rápidas, a fin de detectar oportunamente barreras a la competencia. En ese sentido se eleva de uno a tres años el tiempo en que pueden ser investigadas concentraciones que no requieren previamente ser notificadas al nuevo órgano rector.

Ello es fundamental, se explica, toda vez que los esquemas de adquisición entre empresas son más complejas y difíciles de rastrear y en un año no es suficiente.

La legislación clarifica los tiempos para las acciones colectivas de consumidores afectados por prácticas monopólicas. La Ley Federal de Competencia Económica establece en la actualidad que esas acciones podrán ser ejercidas una vez que la resolución que se dicte en el procedimiento seguido quede firme.

Se introduce un cambio, para precisar que: la acción colectiva podrá ser ejercida una vez que la resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio se encuentre firme en su administración.