ay algún espíritu maligno que provee a Donald Trump de motivos para crear apuros en la relación bilateral. El de hoy es el vetusto conflicto por el aprovechamiento del agua que se produce y utiliza a lo largo de la frontera.
Es un problema que, visto a la ligera, no plantea novedad alguna, pero, bajo la óptica de la actual relación con EU, toma el cariz de riesgo a la seguridad nacional.
La realidad es que es un fenómeno mundial, lo que realza la autenticidad y trascendencia del asunto, véase: 70 por ciento de la superficie mundial está cubierta por agua y sólo 2.5 por ciento es dulce, pero para peor, descuéntese de ella toda la que está congelada o es inaccesible.
En cuanto a la copropiedad de las aguas de México y EU, está regulada por el Tratado de Aguas entre México y EU, de 1944. El río materializa parte de la frontera México y EU, por lo que la distribución de su agua ha sido motivo de tensiones, véase: el río Colorado nace en EU y cruza varias entidades de ese país hasta llegar a México. El problema es que EU ha utilizado gran parte del caudal para uso urbano, agrícola e industrial y cuando llega a México, el río aporta menos agua y de pésima calidad.
El río Bravo confronta la peculiaridad de que nuestro país debe entregar cierta cantidad de agua que es producida por sus afluentes mexicanos, pero en épocas de sequía cumplir el compromiso se complica.
El tratado fue concebido para regular el uso y distribución del agua de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo atendiendo como punto clave que:
1. EU debe entregar a México mil 850 millones de metros cúbicos anualmente del río Colorado, pero dado el creciente uso desde sus orígenes cada temporada su aporte es más exiguo. Este país ha sido acusado de entregar el agua del Colorado con alto nivel de salinidad y en menor cantidad.
2. México debe entregar a EU un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales del río Bravo, nutrido por afluentes mexicanos. El aporte comprometido, que se regula con presas, cada temporada es más pernicioso para los usuarios urbanos, industriales y agrícolas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que se manifiestan cada vez más enérgicamente. México frecuentemente se retrasa o incumple volúmenes en sus entregas del río Bravo.
3. Para manejar este conflicto, se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, lo que a tiras y tirones ha sido la solución. Hoy los fierros se calientan para gusto de Trump, quien con sus declaraciones flamígeras subió el tono de ser un problema ancestral a una discrepancia con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo sensato habría sido que, en vez de atizar el fuego, se hubiera creado un panel para el estudio del caso. Así se llegó al enfrentamiento que deleita a Trump justo en vísperas de la revisión del tratado de comercio, no se hizo. Quizá por hoy saldremos del embrollo cubriendo la cuota debida, pero quedará prendida la mecha de un conflicto adicional que tomará el papel de una pieza más en el rudo ajedrez que juegan ambos presidentes.
Por parte de EU integran el explosivo coctel: Washington y los gobiernos de Arizona, Nuevo México y Texas, que, iracundos, exigen justamente su dotación de agua. Los secundan con toda legitimidad los representantes de las ciudades, industrias y distritos de riego afectados.
Después de Trump, otro ingrediente de la fórmula somos las partes mexicanas. Ciudades, industria, agricultores y ganaderos no piensan reducir sus demandas de agua argumentando que los ríos que aportan al río Bravo son mexicanos, como lo son los manantiales que los forman.
Las dos partes tienen una cierta forma de razón, sobre todo cuando sabemos que el agua escaseará más cada temporada de manera alarmante. La delicada aguda conclusión es que sus ciudades e industrias podrían sufrir desabasto y su campo se arruinará.
Súmese al problema el crecimiento poblacional nacional, más los miles de migrantes que se reciben desde el sur y sus efectos sobre las realidades económicas y sociales de la frontera.
Para dar la magnitud que tiene el explosivo desacuerdo, piénsese en cómo y cuánto lo aprovechará Trump, que en este reglón tiene razón, por años nosotros incumplimos. La presidenta Sheinbaum, lúcidamente, en vez de calentar el ambiente negándolo, lo aceptó con la salvaguarda de proteger el interés nacional. Y por nuestro lado, ¿cómo defender los intereses de 18 millones de nacionales que viven en nuestra frontera norte?
Estamos en un verdadero callejón, todos los participantes tienen su forma particular de poseer razón. Entonces, ¿cómo precisar el problema para buscar solucionarlo? Por lo pronto, estudiándolo por un panel de expertos y posteriormente renovar el viejo compromiso.
Para dormir tranquilos pensemos: el embrollo, ¿es o no un riesgo a la seguridad nacional?
