Un total de 25 defensores del medio ambiente y los territorios fueron asesinados en el país durante 2024 en el cumplimiento de su labor, un incremento de 20 por ciento respecto al año anterior, cuando se reportaron 20, revela un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) publicado ayer.

Al presentar el onceavo Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, Itzel Arteaga San Germán, abogada del Cemda, indicó en conferencia de prensa que la reciente cifra anual se coloca como la segunda más alta de la última década, al igual que en 2021, pero están superadas por las 29 víctimas mortales registradas en 2017.

Precisó que del total de las agresiones letales del año pasado, 21 fueron por homicidio y cuatro por ejecución extrajudicial, lo que implica la participación de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Indicó que el Cemda ha documentado en los últimos 10 años 189 asesinatos de defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio. Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones internacionales, como Global Witness, que coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en este tipo de crímenes.

Arteaga San Germán señaló que el año pasado también se registraron 94 eventos de agresión y 236 ataques específicos, lo que muestra una disminución de 23.6 y 16.3 por ciento, respectivamente, en comparación con los reportados en 2023, cuando se documentaron 123 y 282, en ese orden.

Indicó que el principal agente agresor fue el Estado, con 62 de los 94 eventos de agresión documentados; en segundo lugar, las empresas privadas, con 25, y en tercero, la delincuencia organizada, con 17. La mayor parte de dichos ataques fueron contra miembros de las comunidades (43) e integrantes de organizaciones civiles (21).

Gustavo Alanís, presidente del Cemda, reiteró su llamado a las autoridades a dar seguimiento a los casos y garantizar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Lo anterior, aclaró, tiene la finalidad de garantizar un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, indicó que la institución se ha fortalecido con distintos recursos en los pasados meses para poder impartir justicia y atender las distintas problemáticas relacionadas con la protección de los ecosistemas.

Expuso que trabajan en la creación de políticas públicas, como reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de dar mayor acceso a la información y participación a la población.