En el más reciente lustro, México ha impulsado una serie de acciones legales para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural: desde bordados y danzas hasta símbolos sagrados.

Sin embargo, la falta de reglamentos claros y la ausencia de consultas genuinas a las comunidades han convertido esas iniciativas en un laberinto jurídico que, lejos de frenar la apropiación indebida –como ocurre con diseños textiles y prendas–, podría terminar perjudicando a los propios artesanos.

Así lo advierte Marta Turok, una de las especialistas más reconocidas en arte popular en el país: Desde el punto de vista del proceso, ¡qué bueno que se crearon y modificaron leyes! Pero faltan los reglamentos, porque sólo con éstos se puede hacer cumplir la normativa.

La antropóloga señala que el camino es complejo. No estoy diciendo que no esté de acuerdo; sin embargo, se requiere de mucho interés y voluntad política para implementar esas medidas.

Turok se refiere a las leyes federales de Derechos de Autor y de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana, así como a la reforma constitucional impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que busca otorgar autonomía a las comunidades para decidir sobre sus recursos culturales.

La primera fue reformada en 2020 para eliminar el concepto de dominio público en creaciones de los pueblos originarios y reconocer por vez primera a las comunidades como autoras colectivas.

La segunda, en tanto, se promulgó en 2022, la cual reconoce y protege el patrimonio cultural indígena, además de garantizar el desarrollo de su propiedad intelectual colectiva.

No obstante, ninguna de esas leyes cuenta con reglamentos operativos, insiste Turok. Esto, a su decir, deja en el aire preguntas claves: ¿A quién debe solicitarse permiso para realizar una colaboración respetuosa? ¿Cómo se realiza el trámite? ¿Qué ocurre si no hay una asamblea funcional en la comunidad?

Sin reglas claras, las buenas intenciones se vuelven letra muerta, subraya y menciona que el único caso –relativamente– de éxito que ha documentado es el de Comme des Garçons.

Esta marca japonesa pagó en 2022 miles de dólares tras ser acusada de plagiar diseños de sarapes de Saltillo y Tlaxcala, aunque el proceso fue mediado por la Secretaría de Cultura federal, no por las comunidades.

¿Cómo replicar esa experiencia en cientos más de pueblos del país y grupos como el wixárika, que habita en cinco entidades?, inquiere la investigadora, quien aclara que aquella cantidad fue repartida entre ambas localidades y que, en el caso de Saltillo, se empleó para el segundo Encuentro Nacional del Sarape, en el que participaron 50 tejedores de diversas entidades.

Según la especialista, México enfrenta ahora un dilema profundo: mientras las leyes buscan evitar casos como los de Isabel Marant y Carolina Herrera –acusadas ambas de apropiarse de diseños indígenas–, la falta de claridad en los procedimientos legales ha provocado temor entre empresarios y creadores.

“Una cosa es el espíritu con el cual se hace una ley y otra es cuando un abogado recomienda: ‘mejor, ni le entres’. La tendencia actual es alejarse, y hablo de diseñadores y empresarios mexicanos que trabajan y generan empleos en el país”, explica.

▲ Aspectos del encuentro de arte textil Original, en 2024, y venta de mercancía en el centro de Coyoacán, en marzo pasado.Foto Yazmín Ortega Cortés y Luis Castillo

▲ Marbella Sánchez Jiménez, artesana de 24 años originaria de Santa María Xadani, Oaxaca, en el encuentro de arte textil Original que se celebró en Los Pinos en noviembre de 2024.Foto Yazmín Ortega Cortés

Ni siquiera los artesanos son dueños de su creación. Dicen que se puede ir a las comunidades, comprar, vender y luego hacer lo que uno quiera. Pero ¿qué va a pasar cuando me demanden, que me digan que no les pagué bien, que hago extractivismo? Entonces, ¿es mejor ya no comprar ni vender artesanías y que sus creadores vean y negocien con sus asambleas comunitarias?

Bordados industriales

Uno de los grandes riesgos, en palabras de Turok, es que se paralice la colaboración económica con artesanos. Si una diseñadora paga bien a un grupo de bordadoras, pero la asamblea exige dar empleo a toda la comunidad, el proyecto se vuelve inviable, ejemplifica.

Aunque asume que los casos más visibles son los de las grandes firmas internacionales, para la especialista son igual de preocupantes las empresas que estampan y comercializan diseños indígenas en rollos de tela en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y otras ciudades de la República.

Y nadie dice nada, critica, para luego señalar que otro caso alarmante, sin que tampoco se haga ruido, es el de los bordados industriales.

En Oaxaca, alerta, se repartieron entre comunidades mixes máquinas computarizadas que producen en masa huipiles estilo Istmo de Tehuantepec o con diseños mazatecos e incluso chiapanecos, y que son vendidos como artesanía tradicional, sin regulación.

Por una parte, me parece bien que las mujeres indígenas que no pueden pagar prendas tradicionales accedan a prendas económicas. Pero ¿eso contraviene las leyes? No lo sé.

A manera de colofón, destaca un fenómeno paradójico: mujeres indígenas que venden en el centro histórico de Querétaro, entre otros polos turísticos del país, chalinas fabricadas en India o China como si fueran propias, a las cuales les quitan las etiquetas.

Es muy económico producirlas, están hechas en tela acrílica, con diseños parecidos a los del Istmo de Tehuantepec, y esas mujeres las ofrecen a un superprecio, asegurando que ellas las hicieron, relata.

“Por vender y generar ingresos, compran lo más económico, porque les da un margen de reventa. Lo tradicional, muchas veces, ya no lo hacen, porque viven en la ciudad y les cuesta mucho; mejor lo mandan traer de su comunidad porque es más barato.

Aun así, prefieren vender lo que producen esas industrias artesanales y que permite que un chal cueste 100 pesos. Es imposible que en México un rebozo artesanal sea vendido en ese precio. Ésa es la estrategia comercial de un grupo indígena, ¿debemos prohibirlo? No me corresponde decidirlo, sólo documentar, indica.

Faltan buenos diagnósticos de estos fenómenos, más allá de la parte de los diseños, agrega para concluir: si ya hubo un esfuerzo para cambiar la ley de Derechos de Autor, crear una Ley de protección de patrimonio y cambiar la Constitución, pues ahora cerremos el ciclo.