Santiago. Por lo menos 47 camiones y cinco retroexcavadoras fueron quemadas la madrugada de ayer por encapuchados armados que atacaron las instalaciones de una central hidroeléctrica en construcción, en la región del Biobío, en el sur de Chile, una de las tres donde tiene lugar el conflicto por la recuperación de tierras ancestrales entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.

Hasta la noche del domingo, ninguna de seis organizaciones rebeldes mapuche, que operan armadas ahí, y en las aledañas regiones de la Araucanía y de Los Ríos, había reclamado públicamente la autoría del ataque.

Por la magnitud, el daño causado y la importancia del proyecto atacado, es considerado el más efectivo desde que hace 25 años comenzaron las acciones de sabotaje incendiarias, principalmente dirigidas en contra de la industria forestal que explota ese amplio territorio de 73 mil kilómetros cuadrados, donde hay 4 millones de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que dada la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar que reivindican una asociación terrorista, el gobierno se va a querellar por Ley Antiterrorista.

El presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en X, también se pronunció por este caso: El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia.

En junio de 2023, el gobierno de Boric creó una Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuya misión es construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial, impulsando el diálogo y acuerdos con los sectores involucrados sobre la base de un diagnóstico consolidado, para arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Luego de varias postergaciones por diferencias entre sus integrantes –el informe debe ser unánime–, se espera que el próximo día 30 ese grupo entregue una propuesta.

En las cárceles chilenas se estima que hay unos 90 activistas mapuches, muchos de los cuales están a la espera de juicios. Uno de sus principales referentes, Héctor Llaitul Catrillanca, líder de la subversiva Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la más antigua de las existentes, fue condenado en 2024 a 23 años de prisión por delitos previstos en la Ley de Seguridad del Estado.

En opinión de analistas, mientras haya indígenas encarcelados, difícilmente habrá paz en la macrozona sur de Chile, donde se escenifica el conflicto.