Santiago. En la última década, al menos 2 mil 16 ambientalistas fueron asesinados en el mundo por proteger sus territorios y ecosistemas, 85 por ciento en América Latina, se informó en el tercer Foro sobre Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En 2023, 196 activistas murieron, casi la mitad indígenas o afrodescendientes, y América Latina fue la región más peligrosa para la defensa ambiental.

Las cifras, difundidas en la capital chilena, están documentadas en el informe 2023/24 de Global Witness, organización no gubernamental basada en Inglaterra, que expone los nexos entre la destrucción ambiental, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

América Latina, con 85 por ciento de estos crímenes, se consolida como la región más peligrosa para quienes ejercen la defensa ambiental, en un contexto de expansión de actividades extractivas, ilegales y sin regulación efectiva, señala.

El tercer Foro se efectuó en Saint Kitts y Nevis y reunió a delegados estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales para avanzar en el Plan de Acción para Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú.

El informe enfatiza la gravedad en Colombia, 79 asesinatos; Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno) y Filipinas (17). De los 18 países donde se cometieron estos crímenes, 11 están en América Latina.

Viudas sin protección

La lideresa guatemalteca Dina Juc, de la Alianza Latinoamericana de Defensores del Territorio Indígena, instó a dar apoyo sicológico y legal a las familias y sobrevivientes de defensores asesinados.

Muchas veces las mujeres quedan viudas y con hijos menores, sin protección ante represalias, dijo.

Jamner Manihuari, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, denunció que a los pueblos nos toca organizarnos porque hay ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario público o un artista.

Vigente desde 2021, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional que obliga a los estados a proteger a los ambientalistas, con entornos seguros, indagar agresiones y adoptar medidas priorizando a mujeres, jóvenes e indígenas.

Apenas 17 países lo han ratificado, mientras naciones como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú, con alta conflictividad, no se suman en la ratificación, limitando su alcance.