la exasperante decisión del primer ministro húngaro, Viktor Orban, de sacar a su país de la Corte Penal Internacional (CPI) para eludir la obligación de arrestar a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden internacional de detención, y a quien en cambio recibió con todos los honores en Budapest, se sumó ayer la obsecuencia del gobierno de Francia, el cual permitió que el avión que transportaba al gobernante de Israel sobrevolara su territorio, lo que también representa un grave incumplimiento de las obligaciones de París en tanto que integrante de ese organismo jurisdiccional transfronterizo.

Cabe recordar que Netanyahu, así como su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, están imputados por crímenes de lesa humanidad, perpetrados en el curso del operativo de exterminio que Tel Aviv mantiene contra la población de la franja de Gaza desde octubre de 2023, en el curso del cual las fuerzas militares de Israel han asesinado a más de 60 mil habitantes –niños y mujeres, en su mayor parte–, casi 900 médicos y demás personal sanitario, 320 trabajadores humanitarios –en su mayoría, trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Unrwa– y unos 220 periodistas. En noviembre del año siguiente, la CPI emitió las órdenes de arresto contra los gobernantes israelíes señalando que hay motivos fundados para pensar que Netanyahu y Gallant “son responsables penalmente (…) del crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra”, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos y el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.

En suma, las atrocidades perpetradas por órdenes del gobernante ultraderechista de Israel son equiparables a las que en su momento ordenó el ex presidente liberiano Charles Taylor en Sierra Leona, a la responsabilidad del empresario Félicien Kabuga, quien colaboró con los escuadrones de la muerte que exterminaron a buena parte de la etnia tutsi en Ruanda o a los cargos que enfrenta el ex comandante centroafricano del Ejército de Resistencia del Señor (ERS), Dominic Ongwen, por las masacres que su organización perpetró en el norte de Uganda. Los tres, así como otros que abusaron del poder para consumar delitos graves contra poblaciones enteras, comparecieron en su momento ante tribunales internacionales y ello representó un poderoso mensaje para quienes se sintieran tentados a cometer crímenes de lesa humanidad.

Desde esa perspectiva, las instancias supranacionales de justicia, como la CPI, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, conocida como Tribunal de La Haya) y los tribunales establecidos ad hoc constituyen factores civilizatorios imprescindibles para la preservación de los derechos humanos y sociales en el mundo, para dirimir controversias entre estados y para procurar sanciones a los excesos de poder.

En sentido inverso, las acciones orientadas a debilitar tales instancias, como lo son las de Orban y la omisión del presidente francés, Emmanuel Macron, no sólo representan obstrucciones a la justicia, sino que debilitan un entramado institucional indispensable para la paz y la convivencia internacional. El acto más grotesco y prepotente en este sentido fue la determinación del mandatario estadunidense, Donald Trump, de imponer sanciones a la CPI, especialmente a su fiscal, Karim Khan, quien investigó y presentó cargos contra Netanyahu.

Mucho dice de Francia y de Estados Unidos, autoproclamados protectores internacionales de los derechos humanos, el que ambos desacaten al tribunal internacional referido. En lo que concierne a la administración de Trump, es claro además que se encuentra en plena ofensiva contra los organismos e instrumentos internacionales en general –la Unesco, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo climático de París–, lo que equivale a un empeño de instaurar en el mundo la ley de la jungla.