El receso que se abrió en el Senado para la discusión de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desaparición forzada permitirá escuchar los planteamientos de empresas financieras, bancarias, de telecomunicaciones, salud y paquetería y todas aquellas que estarán obligadas a proporcionar información e incluso datos biométricos en su poder y que han expresado preocupación ante legisladores.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdez, comentó que además de las madres buscadoras, que ahora serán atendidas en la Secretaría de Gobernación, se le han acercado académicos y representantes de empresas para opinar sobre la reforma y se les seguirá escuchando, con más tiempo, ya que no se aprobará en este periodo de sesiones.

Parte de la inquietud es que en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se determina la obligación de autoridades y particulares que tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de permitir que sean consultados por las fiscalías General de la República y estatales, integrantes del gabinete de seguridad nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Para quien se niegue, las multas van de 10 mil a 20 mil veces el valor diario de las unidades de medida y actualización.

La iniciativa presidencial precisa que se busca que las autoridades puedan conocer registros, bases de datos o sistemas de información, para poder investigar con mayor diligencia los casos de desaparición forzada y que se hará sin que ello vulnere el derecho a la protección de datos personales.

A decir del ex priísta Manlio Fabio Beltrones, el tema es muy controvertido, pero el debate no es nuevo, ya que la izquierda siempre se opuso al acceso a datos biométricos de los gobiernos en turno por temor a que se pudieran usar con otros fines o de forma indiscriminada. En la actualidad, agregó, hay además la sospecha de que esos datos puedan ser solicitados por otro país. Creo que la desconfianza tiene mucha base y por ello es necesario generar una serie de candados específicos tanto en este caso como en el de la Clave Única de Registro de Población (CURP), a fin de que los datos personales de los mexicanos estén debidamente protegidos. La iniciativa de Sheinbaum precisa que la CURP, además de fecha de nacimiento y nacionalidad, deberá contener las huellas dactilares y fotografía.

Senadores del PRI y el PAN han expresado también que se deben proteger los datos de identidad. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que por dar un ejemplo, Telcel y los bancos ya tienen en su poder esa información, pero eso no le preocupa a la oposición. Habrá más tiempo para revisar la iniciativa, dijo, pero es importante que el Estado mexicano pueda acceder a la información necesaria para buscar a los desaparecidos.