Washington. Los abogados de la Casa Blanca declararon ayer que la jueza federal que ordenó a la administración Trump la repatriación a Estados Unidos de un hombre de Maryland que fue deportado por error a una megacárcel de El Salvador no tiene ninguna autoridad.

Los juristas del Departamento de Justicia solicitaron a la Corte Federal de Apelaciones del cuarto circuito frenar de inmediato la resolución que emitió la jueza federal de distrito, Paula Xinis, quien la víspera ordenó al gobierno encabezado por Donald Trump facilitar y efectuar el regreso de Kilmar Ábrego García antes del próximo martes.

La defensa sostuvo que la orden judicial busca forzar a un Estado soberano extranjero a repatriar a un presunto terrorista en un plazo de tres días, y argumentó que dicha medida carece de fundamento en la legislación estadunidense.

También indicó que no tienen control sobre Ábrego ni autoridad para organizar su regreso, como tampoco tiene el poder de acatar una orden judicial que les ordene terminar la guerra en Ucrania o el regreso de los rehenes de Gaza.

La corte de apelaciones solicitó a los abogados de Ábrego García que presenten sus argumentos contra solicitud del gobierno antes de la tarde de mañana lunes.

Críticas en la corte

Xinis sustentó que no había ninguna base legal para que elementos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieran a Ábrego García y que tampoco hubo justificación legal en su deportación a El Salvador, donde está recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo), una megacárcel plagada de violaciones a los derechos humanos.

Durante la audiencia del viernes, el abogado representante del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió ante Xinis que Ábrego no debió ser expulsado de Estados Unidos ni enviado a El Salvador y no logró argumentarle bajo qué autoridad fue detenido.

Reuveni no pudo responder acertadamente las preguntas de Xinis e hizo múltiples comentarios críticos sobre su agencia en la corte; también afirmó que no se le brindó información suficiente para refutar los argumentos de la jueza.

La cadena de noticias CBS News informó que tras la audiencia Reuveni fue puesto bajo licencia administrativa al no tener éxito en su defensa del caso.

Luego de esta decisión, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que todos los abogados del Departamento de Justicia deben defender con celo los intereses de Estados Unidos y advirtió que quienes no cumplan con esta instrucción al pie de la letra tendrán consecuencias.

Reuveni fue asignado al caso tras su ascenso, el 21 de marzo, como subdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia antes de ser apartado de sus funciones luego de exponer durante la audiencia que su propio departamento no le proporcionó herramientas suficientes para afrontar adecuadamente el procedimiento, por lo que dejó en entredicho a la institución.