Buenos Aires., Más de un año de presiones, maniobras y operaciones de la Casa Rosada no fueron suficientes para cumplir el sueño de Javier Milei de tener su propia Corte Suprema, aseguró ayer Página/12, luego de que el Senado argentino rechazó las candidaturas de dos jueces que fueron nominados por decreto presidencial para integrar el máximo tribunal de esa nación.

Con 43 votos en contra del pliego de Ariel Lijo y 51 adversos a Manuel García-Mansilla, dicho cuerpo legislativo rechazó por contundente mayoría ambas candidaturas. El decreto designando a ambos postulantes desató un conflicto institucional sin precedente y provocó un profundo repudio, que terminó ahora con Garcia-Mansilla cumpliendo funciones y firmando fallos, pero sin aval senatorial.

En un comunicado, la presidencia aseguró: se repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia, el Senado rechazó pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso, sostuvo el Ejecutivo.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado los califica y, eventualmente, los aprueba.

En febrero, el mandatario ultraderechista se valió de un artículo de la Carta Magna que lo habilita a nombrar en comisión; es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el periodo legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.

En ese marco, la Corte Suprema tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de ex funcionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.

No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración, expresó en el recinto Martín Lousteau, parlamentario por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto.

Si permitimos este mecanismo, no vamos a tener más impartidores de justicia, sino que vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo, aseveró.