s el cuento de nunca acabar, porque buena parte del Poder Judicial no sólo apoya a la delincuencia organizada –la de cuello blanco, de forma preeminente, aunque no única–, sino que ha demostrado fehacientemente que servilmente está a su servicio para lo que se le ofrezca. No se limita a liberar a todo tipo de hampones (la rapidez depende del tamaño de la coima), sino que, por ejemplo, se aplica cuando a su clientela le bloquean las cuentas bancarias, congeladas por actividades ilícitas. La mafia de los togados es una vergüenza para el país.

Cómo olvidar que el mismo día en el que en Estados Unidos el calderonista Genaro García Luna fue juzgado (y declarado culpable) por narcotráfico, en México un tribunal federal ordenó descongelar cuatro cuentas bancarias de su esposa, Linda Cristina Pereira, luego de tres años de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las bloqueó por tratarse de recursos de procedencia ilícita.

Tampoco puede quedar en el olvido el mismo procedimiento, unos días previos a la decisión que benefició a Pereira, pero a favor del policía torturador Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, por tratarse de recursos de procedencia ilícita. En ambos casos, solícitos impartidores de justicia (Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles, Amanda Roberta García González, Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina) concedieron amparos para que el dinero sucio de dichos hampones volviera a circular. Y como estos ejemplos, muchísimos más, siempre asociados al crimen organizado.

El más reciente caso, que no el último, es el de los delincuentes Inés Gómez Mont (sobrina del secretario calderonista de Gobernación) y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes obtuvieron un amparo para que sus cuentas bancarias fueran desbloqueadas (desde el pasado 10 de marzo y por cortesía de los integrantes del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, están a su disposición sin restricción alguna), a pesar de que el Ministerio Público cuenta con órdenes de aprehensión, son prófugos de la justicia y están acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Como bien lo dijo ayer el titular de la UIF, Pablo Gómez, “esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción; nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces y otra que todos los jueces –o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho– caminan por el mismo sendero”.

Gómez Mont y Álvarez Puga, detalló Pablo Gómez, fueron acusados por de una serie de fraudes en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar. De tal manera que la justicia los empezó a perseguir, cuando las cosas cambiaron. Y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados, y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, por la generosa protección del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, ahora pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero. Y como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas y que son liberadas por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero.

El titular de la UIF detalló que del primero de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en la lista de personas bloqueadas a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 morales (empresas). En total, 7 mil 815 sujetos. Sin embargo, por orden judicial se desincorporaron a 910 personas físicas y 360 morales. En ese periodo las instituciones financieras han bloqueado 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros.

Sin embargo, por la magia de la mafia de los togados de esos 32 mil millones se desbloquearon (sin juicio de por medio) cerca de 23 mil 576 millones de pesos por decisión de jueces federales, es decir, 74 por ciento del total de los dineros congelados por actividades criminales.

La presidenta Sheinbaum lo sintetizó así, porque no tiene otro nombre: colusión y corrupción de jueces y muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una razón más para lo que va a ocurrir el primero de junio.

Las rebanadas del pastel

¡Y ahora con ustedes… los aranceles recíprocos!

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