Washington. El gobierno de Donald Trump reconoció un error administrativo en la deportación a El Salvador de Kilmar Armando Ábrego García, residente de Maryland con estatus legal protegido acusado supuestamente de formar parte de la pandilla MS-13, aunque no se presentaron pruebas de sus presuntas actividades criminales.

Pese a que reconoció la falla, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer durante una rueda de prensa que “este individuo que fue deportado a El Salvador no regresará a nuestro país porque era miembro y cabecilla de la brutal y viciosa MS-13.

Tenemos (información de) inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas, añadió, y recordó que Trump declaró por decreto organización terrorista global a la MS-13.

¿Fue condenado por un tribunal?, preguntó una periodista a Leavitt. Hay un montón de pruebas en el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene esas pruebas, contestó la funcionaria, quien aseguró haberlas visto, aunque no presentó ningún tipo de evidencia.

El vicepresidente JD Vance se sumó a la defensa de la expulsión de Ábrego García, y aseveró que los medios de comunicación han determinado que las verdaderas víctimas son los pandilleros que estamos intentando sacar del país.

La administración Trump argumentó que, dado que Ábrego García ya no está bajo custodia en Estados Unidos, ningún tribunal federal tiene competencia para ordenar su liberación o tomar decisiones sobre su situación actual.

Según un documento judicial que se presentó el lunes, el salvadoreño, de 29 años, vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido, hasta que fue expulsado el 15 de marzo a El Salvador junto con cientos de otros presuntos pandilleros, donde fue internado en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), en el cual los reclusos sufren violaciones a sus derechos humanos, según han acusado la Organización de Naciones Unidas y organismos sociales.

La esposa de Ábrego García, la estadunidense Jennifer Vasquez Sura, lo vio más tarde en fotos y video de la prisión, e identificó a su marido por sus tatuajes distintivos y dos cicatrices en la cabeza.

El individuo fue arrestado en Baltimore el 12 de marzo después de trabajar un turno como aprendiz de chapista en Baltimore y recoger a su hijo de 5 años, que tiene autismo y otras discapacidades, de la casa de su abuela, refiere su abogado.

Sus defensores añadieron que el salvadoreño fue expulsado sabiendo (el gobierno) que sería encarcelado y torturado de inmediato y pidieron una reparación judicial inmediata.

En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, se acusó a Ábrego García de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen, de donde huyó por la violencia de los grupos criminales.

Los miembros de pandillas lo acosaron, golpearon y amenazaron con secuestrarlo y matarlo para coaccionar a sus padres a sucumbir a sus crecientes demandas de extorsión, relataron sus abogados.

El ICE argumentó en contra de la liberación de Ábrego García en una audiencia de migración posterior porque la policía local había verificado su pertenencia a una pandilla, según la denuncia.

La evidencia que mencionaron incluía el uso de una gorra y sudadera con capucha del equipo de baloncesto Bulls de Chicago, y la afirmación de un informante confidencial de que Ábrego García pertenecía a la clica Westerns de MS-13 en Long Island, Nueva York, a pesar de nunca haber vivido ahí.

El implicado llegó a Estados Unidos sin papeles desde El Salvador alrededor de 2011 y se dirigió a Maryland para reunirse con su hermano mayor, quien es ciudadano estadunidense.

Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata e incluso algunos republicanos acusan al gobierno de haber enviado a migrantes en situación irregular a El Salvador invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, hasta entonces sólo aplicada en tiempos de guerra, en desafío a una orden judicial que incluso ordenó que los vuelos que trasladaban a los migrantes dieran vuelta y retornaran a Estados Unidos.

Por otra parte, se informó que el gobierno de Trump detuvo a 113 mil migrantes en sus primeros dos meses, y expulsó al menos a 100 mil, reportó el New York Post.

No está claro cuántos detenidos son criminales convictos, el estado de sus casos y sus orígenes, aunque el medio aseguró que los detenidos están siendo trasladados a México.

Ante el temor de ser detenidos y deportados, los migrantes en Estados Unidos están recurriendo a WhatsApp para advertir de las redadas.

Diversos grupos en esa aplicación proporcionan actualizaciones en tiempo real sobre las operaciones cercanas, aunque a menudo las alertas se mezclan con información no verificada o falsa.