Esta semana empezaron las labores del Comité de Transferencia para la transmisión de las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, proceso que durará 30 días.

En ese contexto, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro ha señalado que una de las prioridades es dar trato digno a los trabajadores, y que con el objetivo de aprovechar la experiencia y profesionalización adquirida en el sector, se abrirá la posibilidad de que algunos de ellos sean contratados por la Secretaría Anticorrupción.

Buenrostro dijo que alrededor de 400 de los 759 empleados del desa-parecido INAI podrían ser parte de la nueva estructura de transparencia federal.

De acuerdo con las leyes secundarias en la materia aprobadas la semana pasada por el Congreso, las cuales materializaron la extinción del INAI, el próximo 3 de abril el instituto transferirá sus recursos financieros a la Secretaría de Hacienda.

El día 10, enviará a la Secretaría Anticorrupción sus registros, padrones y sistemas, incluyendo la Plataforma Nacional de Transparencia, y el 17 entregará a la dependencia federal sus recursos materiales, expedientes, archivos y plazas. Luego de ello, el 19, terminará la vigencia del Comité de Transferencia.

Anticorrupción señaló recientemente que las funciones de transparencia y acceso a la información serán asumidas por Transparencia para el Pueblo, nuevo órgano desconcentrado de la secretaría, mientras la protección de datos personales quedará bajo su administración directa. Este modelo operará con los principios de imparcialidad, eficiencia, legalidad y profesionalismo.

Como parte de esta restructuración se establecieron seis acciones prioritarias: garantizar la autonomía y eficiencia en la toma de decisiones, con ahorros de 52 por ciento respecto al INAI; garantizar derechos laborales a los trabajadores afectados; mantener la operación ininterrumpida de la Plataforma Nacional de Transparencia; reforzar la protección de datos personales; promover la transparencia con sentido social y agilizar la resolución de amparos.