Ante la presentación de las propuestas de reforma a las leyes General de Población y General en Materia de Desaparición Forzada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que las iniciativas deben ser retroalimentadas por los colectivos y la familias, ya que se quedan cortas frente a la magnitud de la crisis y en varios temas son redundantes.

Al honrar a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas que luchan por la justicia, verdad y memoria en México en el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización consideró que dentro de estas leyes es esencial la voz de las familias de Jalisco, como parte de las indagatorias emprendidas por las autoridades.

Lamentamos que en Teuchitlán (donde está el rancho Izaguirre) el debate se centre en cuestionar cómo se nombra el sitio, cuando se ha probado que jóvenes eran reclutados, privados de la libertad contra su voluntad, asesinados si no acataban, comentó el Centro Prodh en redes.

Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, apuntó a La Jornada que las familias han pedido que se les tenga en cuenta en cualquier proceso, y en el anuncio de ambas propuestas de ley, nuevamente se les desconoce. Me parece que es importante hacer una revisión de las metodologías para presentar reformas que tengan que ver con todo este fenómeno (de derechos humanos), donde se tenga en cuenta a las madres buscadoras, señaló.

Si bien calificó de positivo que se establezcan más mecanismos de identificación en las propuestas, el especialista remarcó que existen múltiples dudas con grupos en condición de vulnerabilidad, como son los casos de migrantes víctimas de desaparición. En la mayoría de los casos, señaló, no tienen entrada a ciertos esquemas, incluidos el acceso a la credencial del Instituto Nacional Electoral o la Clave Única de Registro de Población, al estar en el país sin documentos regulatorios.

Por otro lado, más de 40 organizaciones, congregadas por el colectivo La Justicia que Queremos, condenaron los hechos en el rancho Izaguirre, así como la desacreditación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de familias buscadoras que pretenden mermar la legitimidad de éstos.