El hallazgo del rancho Izaguirre, en Jalisco, que evidencia de nueva cuenta el problema de las desapariciones y la crisis forense que existe en México, toma a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con una capacidad reducida en sus recursos financieros, con un recorte de casi 47 millones de pesos en su presupuesto comparado con 2024, y en el que sus principales mecanismos para la identificación de cuerpos, como el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), están disminuidos.

Este debilitamiento inició durante la gestión de la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de la actual titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de quien las familias de personas desaparecidas siguen cuestionando su designación y trabajo.

Las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum intentan revertir esta situación para responder a las intensas demandas de las víctimas y organizaciones civiles que las acompañan. Entre las acciones está fortalecer a la comisión y al CNIH, el cual se plantea que gestione la plataforma nacional de identificación humana que se creará, así como reformas para combatir el delito de desaparición en el país.

Como primer paso, la jefa del Ejecutivo publicó un decreto que establece que la Secretaría de Hacienda autorizará las adecuaciones presupuestarias que solicite la CNB. Este año, la comisión recibió mil 102 millones de pesos, una reducción de alrededor de 4 por ciento frente a los mil 149 millones asignados en 2024.

Reyes Sahagún fue nombrada titular de la CNB en octubre del 2023 para sustituir a Karla Quintana. Desde su llegada anunció que pondría en marcha una estrategia basada en trabajo territorial, con el argumento de que más de 90 por ciento de las 243 personas que laboraban en ese momento en la institución estaban en oficina y el resto en campo. Así conformó una red de 120 personas buscadoras.

Sin embargo, en año y medio de trabajo, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles han cuestionado los resultados. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expuso que esa labor no ha marcado ninguna diferencia.

Los integrantes de la red de buscadores “sólo se sumaron como un personal más a las comisiones estatales de búsqueda… Nadie cuestiona ni pone en duda que había que hacer más trabajo de terreno, pero para eso se requiere una estrategia general”, expuso en entrevista.

Asimismo, colectivos y organizaciones han reprochado la falta de comunicación con la titular de la CNB. Recientemente, en un encuentro nacional de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra sucia (1965-1990), en Tlatelolco, Enrique Tellez Pacheco acusó que la comisionada se negó a asistir al foro. Eso es faltar a su responsabilidad y a la atención que debe tener con las víctimas.

Durante la administración de Reyes Sahagún también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que suma 125 mil 304 casos, se vio sujeto a revisión y elaboró un censo que fue cuestionado por las familias, ya que acusaron que había una reducción de personas en esta condición.

En cuanto al Centro Nacional de Identificación Humana, creado en mayo de 2022, el equipo fue reducido de 59 a 24 trabajadores y se desalojó el inmueble que lo albergó en Xochitepec, Morelos, con el argumento de que las instalaciones estaban subutilizadas y no tenían equipos ni se realizaban identificaciones forenses. No obstante, a un año de esos cambios, dicho centro quedó acotado dentro de la misma comisión y se revirtió su objetivo de realizar identificación masiva frente al rezago de cuerpos sin identificar en el país por las omisiones de las fiscalías.

En tanto, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense tampoco logró despuntar por la falta de recursos y personal. Según se informó en una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, sólo se identificó el cuerpo de una persona en más de tres años de operación y la coordinación interinstitucional con las fiscalías estatales fue limitada pues sólo cuatro manifestaron interés.