Lima. El Congreso peruano votó esta semana la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que por ley implica la renuncia del funcionario en las próximas 72 horas; la decisión obedeció al mal manejo que, según los legisladores, el funcionario dio a la reciente ola delincuencial.

Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, luego de que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado por desconocidos en motocicletas, que dispararon al autobús en el que se trasladaba la víctima.

Tras la votación de destitución, el Congreso escribió en su cuenta de X: la representación nacional aprobó censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su responsabilidad política e incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que afronta el país,

Después, miles de personas marcharon por las calles de Lima y otras ciudades del país para demandar al gobierno acciones más efectivas con el fin de reducir el clima de inseguridad, considerado el mayor problema que afecta a la nación andina, de acuerdo con encuestas recientes.

Durante la marcha, en la que participaron cantantes y artistas de distintos géneros musicales, algunos manifestantes reclamaron la renuncia de Boluarte.

A los que con justa razón seguramente hoy (antier) han salido a marchar les digo que no se dejen manipular por estas fuerzas oscuras. Lamentamos mucho la muerte del cantante (Paul Flores, de 39 años), así como la muerte de nuestros policías a manos de estos criminales, sostuvo Boluarte después en un discurso en televisión en palacio de gobierno.

El gobierno de Boluarte, que estableció el lunes el estado de emergencia en Lima con el despliegue de fuerzas armadas para intentar frenar una ola de crimen y extorsiones, afirmó en su mensaje que la emergencia permitió la captura de 945 personas, entre ellos 78 extranjeros, en operaciones policiales contra el crimen, en una defensa de la medida criticada por organizaciones civiles y de opositores.