oy se cumple un año más, el octavo, desde que nuestra compañera Miroslava Breach Velducea fue asesinada en la capital de Chihuahua como represalia por su labor periodística. En particular, la Fiscalía General de la República ha señalado que se le persiguió por un reportaje en el cual dio a conocer la intervención del crimen organizado en el reparto de candidaturas de elección popular en dicha entidad. Pese a las pruebas incontrovertibles presentadas y al conocimiento de quienes fueron los autores materiales, intelectuales y los facilitadores del crimen, la justicia sigue exasperantemente a medias.

En este lapso han sido detenidos y condenados el coasesino Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, y el cómplice Hugo Amed Shultz Alcaraz, ex edil panista de Chínipas, quien proporcionó a un grupo criminal grabaciones ilegales de la periodista, así como los datos para localizarla. Sin embargo, permanecen prófugos el otro autor material, Wilberth Jaciel Vega Villa, y quien se presume ordenó el atentado, Crispín Salazar, líder de la estructura de traficantes y sicarios que lleva su apellido.

De manera más ultrajante para todos los comunicadores y para el Estado de derecho, se resolvió que no era posible procesar a Alfredo Piñera Guevara, ex vocero del Partido Acción Nacional en Chihuahua, porque desconocía el uso que su correligionario Shultz Alcaraz daría a las grabaciones telefónicas que le entregó, pese a encontrarse documentada la sospecha de Piñera sobre los vínculos con la delincuencia del ex alcalde. Tampoco se procedió contra el dirigente estatal del PAN en 2017, José Luévano Rodríguez, copartícipe en las presiones infructuosas con que se buscó persuadir a Miroslava de revelar sus fuentes.

Desde un principio fue inocultable la prisa del gobierno de Javier Corral para dar carpetazo al expediente y usar a los ya detenidos como chivos expiatorios que frenasen las indagatorias sobre la implicación a niveles más altos del partido y de sus figuras en los gobiernos municipales y el estatal. Tras 96 meses, es inevitable preguntarse cuánta información se ha perdido por culpa de estas redes de complicidad y hasta qué punto las mismas han facilitado la impunidad de quienes permanecen prófugos o intocados. En este sentido, es inaceptable la justificación de que no se ha podido aprehender a Crispín Salazar y Wilbert Vega debido a la complejidad de ingresar y actuar en los caminos y pueblos de la zona serrana que conectan los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, donde supuestamente se esconden.

Hoy más que nunca, cuando las personas más adineradas del mundo han emprendido una embestida frontal contra la libertad de expresión y contra el periodismo realmente crítico, urge garantizar la integridad de los comunicadores. Hacer justicia en el caso de Breach Velducea y en los de todas las agresiones contra periodistas es el mejor mensaje para las voces que llevan a la sociedad la información que los poderes fácticos pretenden mantener enterrada. Por el contrario, la prevalencia de la impunidad constituye una afrenta contra su memoria, sus familias, colegas y el conjunto de la ciudadanía, que ven restringido su derecho a la información.