San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López señaló que a pesar de la ofensiva contra los pueblos, las comunidades que luchan desde abajo construyen alternativas al sistema. A través de la resistencia comunitaria y las acciones de solidaridad, se fortalecen desde sus territorios, oponiéndose a los mecanismos de violencia permanente.

Abundó: Hay numerosos ejemplos que nos dan esperanza y muestran que los caminos hacia la libertad son amplios y posibles. Ahí están los pueblos que no se venden, no claudican y no traicionan, muchos de ellos articulados en el Congreso Nacional Indígena, en movimientos de resistencia, en el movimiento zapatista, entre otros. Son la dignidad rebelde que impulsa el movimiento social para crear condiciones de paz y vida digna.

Todos estos pueblos y comunidad, remarcó, defienden el territorio, la vida, el agua y la libertad.

En opinión del Frayba, los programas sociales tienen una perspectiva totalmente individualista y de domesticación capitalista, confrontan las formas de organización colectiva y asamblea comunitaria en la toma de decisiones de los pueblos y comunidades en las que van decidiendo sus proyectos de vida.

En su informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, indicó que las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades en resistencia en Chiapas enfrentan una situación crítica y alarmante de violencia y vulneración de sus derechos fundamentales y con todo lo que está relacionado con los territorios y la guerra contra los pueblos en un afán de destrucción y exterminio poblacional.

Al hablar de las acciones en perjuicio de los pueblos en los tiempos de la Cuarta Transformación (4T), expresó que durante el periodo de 2021 a 2024, las bases de apoyo del EZLN, organizaciones, comunidades y pueblos en resistencia en Chiapas, que construyen esencialmente la autonomía, y han hecho una realidad los acuerdos de San Andrés, incumplidos por el Estado mexicano, han enfrentado graves violaciones a los derechos humanos debido a la diatriba por la posesión de la tierra y el territorio.

En el documento de 157 páginas, presentado en el contexto del 36 aniversario de su fundación, el Frayba se refirió a que hay un esquema de confrontación directa con los pueblos basado en la ausencia de control gubernamental, permitiendo de manera deliberada las acciones de la delincuencia organizada, de los sucesores del paramilitarismo y organizaciones corporativistas”.

Aseguró que sigue el despojo territorial hacia los pueblos con la continuidad de los proyectos neoliberales.

Sostuvo que en este escenario, las formas de violencia de los gobiernos federal y estatal consisten en una sistemática agresión y hostigamiento hacia las bases zapatistas, que utilizan a las organizaciones sociales en la región para la confrontación directa con grupos sucesores del paramilitarismo y de la delincuencia organizada, vinculados con proyectos sociales como el de Sembrando Vida.

Dicho programa, continuó, “tiene la vocación de disputar tierras recuperadas que legítimamente pertenecen al EZLN, al tiempo de subrayar que esta acción es impulsada desde el gobierno federal con la promesa de desarrollo, espejismos que nubla el caminar de los pueblos.

Contenido destructor de programas

En el capítulo Guerra contra los pueblos explicó que proyectos como Sembrando Vida son los que han tenido mayor contenido destructor porque llevan a la médula de los procesos de autonomía de los pueblos que resisten y luchan ante el sistema de despojo.

Detalló que dicho instrumento de planeación ocasiona la destrucción y el debilitamiento de la organización y las estructuras comunitarias tradicionales, en las que se expresa la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas, que incluyen la gestión colectiva del territorio y la asamblea como máxima autoridad.

El Frayba refirió que promueve la formación de comunidades de aprendizaje campesino, que actúan como estructuras que sobreponen a las asambleas comunales o ejidales, lo que puede fragmentar la cohesión comunitaria y facilitar el control externo; provoca un proceso de daño ambiental y a los bienes comunes, por la deforestación realizada por ejidatarios y bienes comunales para acceder a esta forma de mercantilizar la tierra y provocar divisiones dentro de las comunidades, lo que debilita la resistencia comunitaria frente a megaproyectos y otros intereses externos.

Asimismo, añadió el Frayba, se ha argumentado que el programa se utiliza para comprar voluntades y evitar que los beneficiarios participen en movimientos de resistencia social, ya que temen perder los beneficios; va dirigido a territorios en resistencia y no a pueblos y comunidades marginadas: en Chiapas es de los ejemplos destacables, pues ha sido promocionado en su mayoría en la zona Selva y no se aplica en la zona Altos.