La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados avaló anoche que, como parte de una estrategia de inteligencia contra el crimen organizado, se constituya un registro nacional de usuarios de telefonía y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda obtener cualquier información que le permita contrarrestar y combatir a la delincuencia.

Con el voto de Morena y sus aliados –a quienes se sumó Movimiento Ciudadano–, la comisión aprobó los dictámenes de las leyes generales de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia, que serán discutidos en la sesión de la Cámara este jueves.

Los dictámenes se aprobaron con algunos ajustes a las dos iniciativas presidenciales. La comisión ajustó, por ejemplo, el término de inteligencia en materia de seguridad pública, para definirla como una función y un proceso de captación y análisis de información y datos documentales, visuales, auditivos, audiovisuales, y en general, todos aquellos que permitan identificar las conductas señaladas como delitos, con la finalidad de prevenirlas, enfrentarlas y sancionarlas.

También agregó la obligación de las policías a ofrecer disculpas públicas, en caso de irregularidades administrativa, y precisó prohibiciones a agentes, entre otras introducir y consumir bebidas alcohólicas o drogas a sus cuarteles.

Como parte de las nuevas atribuciones del secretario de Seguridad Pública, la legislación le otorga la de requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en: registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, registros fiscales, registros telefónicos, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de inmuebles, registros de prestadores de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, y en todos aquellos casos donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.

De la misma forma, en el dictamen de la ley general del sistema nacional de seguridad pública se prevé que la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y define que las instituciones de seguridad pública contarán con los accesos necesarios al dicho registro.