l director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de intereses en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, quienes despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes. Con estas acciones, dijo, se da inicio a una nueva etapa en el Infonavit y se dejan atrás décadas en las que se desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo por parte de actores que hicieron negocios privados a costa de los acreditados.

Desde su llegada al instituto, Romero Oropeza ha exhibido los escandalosos esquemas de desfalco implementados por sus antecesores en el cargo hasta antes de 2018: en 21 estados se detectaron mil 400 viviendas que fueron vendidas al menos cuatro veces, una operación obviamente delictiva en la que estuvieron involucrados mil 200 millones de pesos extraídos a 12 mil trabajadores a quienes se les cobró hasta 40 por ciento de sus ahorros para vivienda. Sólo en el estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. Por otra parte, se realizó una triangulación de recursos para otorgar una indemnización por 5 mil millones de pesos a Telra Realty por haberle cancelado un contrato de apenas 100 millones; es decir, se le resarció 50 veces la pérdida que pudo haber experimentado. Entre 2013 y 2015, cuatro despachos recibieron más de 3 mil 800 millones de pesos por entablar juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit.

En suma, el Infonavit actuó como un auténtico cártel inmobiliario, cuyos funcionarios abandonaron la misión de proveer vivienda a la clase trabajadora y se entregaron a las formas más obscenas de enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, es obvio que sus tropelías habrían sido imposibles sin la complicidad de jueces y titulares de notarías que validaron los despojos y hasta inventan cargos a las víctimas que se atreven a alzar la voz.

El deseo de perpetuar la explotación del instituto para amasar fortunas privadas explica las resistencias del sindicalismo charro y de las cúpulas patronales a la reforma promulgada por el actual gobierno federal, gracias a la cual se acabó con el absurdo de que el director del organismo estuviera excluido de las decisiones ejecutivas al no formar parte ni de la asamblea general ni del consejo de administración. En este sentido, debe recordarse que en el sexenio pasado los sectores patronal y sindical ordenaron al dirigente del Infonavit desistirse de las denuncias presentadas y hasta tramitar un amparo para frenar indagatorias sobre hechos como los reseñados arriba. Por ello, el informe de Romero Oropeza y las denuncias penales en curso constituyen tanto los primeros avances para la recuperación del organismo que fue un pilar del Estado de bienestar como la prueba de que las modificaciones legales promovidas por el Ejecutivo eran no sólo pertinentes, sino ineludibles a fin de sanear al instituto.

Cabe congratularse por estos pasos en la dirección correcta, exigir que se investiguen a fondo todas las irregularidades conocidas y las que puedan permanecer ocultas, y seguir los procesos hasta que se deslinden responsabilidades, resarcir a los afectados y sancionar a los responsables de esos robos.