Guadalajara, Jal., La parcela en la que se ubica el rancho Izaguirre estuvo adscrita al régimen ejidal hasta el primero de junio de 2020 en el ejido La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, según consta en el folio de derechos 14FD00095759 del Registro Agrario Nacional (RAN), pero ese año, mediante adopción del dominio pleno, fue titulada como propiedad privada a nombre del mismo ejidatario, J. Rosario Rodríguez Castro.

Aunque el rancho Izaguirre mide alrededor de media hectárea, la superficie donde se encuentra abarca 3.29 hectáreas, por lo que es probable, que tras convertirse ese terreno en particular, fuera fraccionado y vendido en diferentes predios.

Los datos del RAN señalan que dicha parcela está en la zona 9 del citado ejido, en el polígono 1; es la 446 Z9 P1/1, con certificado de derechos 98044, creado el 28 de diciembre de 1998, lo que causó baja ejidal con el título 1004363 y permitió la adopción del dominio pleno y con ello la posibilidad de su venta.

Después de este cambio de estatus se pierde la información de lo que ocurrió con ese terreno, pese a que debería estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El alcalde relecto de Teuchitlán, José Asunción Murguía (Movimiento Ciudadano), declaró hace días al diario El Occidental que no se tenía registro catastral del lugar.

Tampoco hay reporte de lo que sucedió con el propietario, según una búsqueda realizada por La Jornada, pues desde al menos hace cinco años, poco antes de dar de baja su tierra del régimen ejidal, dejó de publicar en sus redes sociales.

El rancho Izaguirre, que fue hallado en septiembre de 2024, es uno de dos que en el transcurso de los últimos seis meses han sido localizados por la Guardia Nacional en el municipio de Teuchitlán; entre ambos hay 10 kilómetros.

El otro sitio, también considerado un narcocampamento –de acuerdo con los primeros indicios– permanece bajo resguardo ide la Fiscalía General de la República desde principios de febrero, cuando fue localizado y se detuvo a 38 personas, de las cuales 36 quedaron en libertad al comprobarse que estaban ahí contra su voluntad. Las otras dos permanecen arrestadas.