a inversión del gobierno de la República en programas sociales se presume en más de 850 mil millones de pesos para este (2025) ejercicio fiscal. Para el entrante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha proyectado rondar el billón. Cifras que implican hondas repercusiones en la conciencia popular e incentivan, con impulsos ciertos, la capacidad ciudadana, una efectiva manera de trasladar al pueblo la facultad de apoyo y guía de sus actuaciones.
El ensanchamiento y la profundidad de horizontes que han experimentado los individuos se nota, con meridiana claridad, en sus fundadas opiniones y alegatos para posicionarse y circular de distintas maneras por la vida. Aunque las cifras de tales recursos mencionados son enormes, hacen falta mucho más de ellos para reponer los daños y las ausencias causadas por el prolongado periodo de descuidos y carencias resentidas por el ciudadano.
Allegarse tales recursos implica decisiones de políticas públicas que conllevan pesadas cargas fiscales y riesgos para los encargados de recaudarlas. Máxime que la realidad de partida, para fondear tan caros programas, revela carencias notables y faltantes que impactan la relación gobierno-ciudadanos.
Sostener que el erario federal cuenta con suficientes fondos para financiar el ambicioso programa del gobierno actual es faltar a la verdad. Es cierto sólo para sostener lo estrictamente necesario y un poco, muy poco, de lo complementario. Rellenar los faltantes en aquello que es necesario para elevar el bienestar general e incidir en la desigualdad requiere de acciones firmes y decididas.
El régimen impositivo actual apenas toca un porcentaje pequeño de lo debido. Repetir lo endeble de la recaudación fiscal y demás rubros, como porcentaje del PIB nacional, alerta sobre tal capacidad. Viajamos a la cola de los ingresos que logran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Incluso bastante menos que la normalidad de muchos países Latinoamericanos que tienen haciendas robustas. Esas que escriben cifras de 30 por ciento de su PIB.
Es prudente a esta altura del sexenio volver la mirada sobre aquellos aspectos de la realidad que acumulan sobradas razones y urgencias para acudir en su rescate. Empezando por la educación. Miles son las escuelas primarias y secundarias que no cuentan con el mínimo estándar para la enseñanza adecuada. El deterioro en infraestructura es hasta escandaloso. Sus condiciones en cuanto a su profesorado cae fuera de toda razonabilidad. Un maestro para tres o cuatro años distintos no es la excepción. En las actuales circunstancias de equipamiento se incumple con la capacidad de eliminar rezagos históricos, lo que agranda la brecha de la desigualdad. Iniciar la ruta para saldar tan enorme deuda, exige lograr, cuando menos, dos o tres puntos adicionales en la recaudación. En la salud, diariamente se documentan los rezagos y faltantes en los variados renglones que soportan el ambicionado estatus de salud gratuita para todos
. Hacerla un real derecho universal plantea esfuerzos muy por encima de lo hecho hasta el presente. La seguridad social carece, notoriamente, de satisfacer una vida libre de preocupaciones por la madurez inválida y, algo peor por la vejez. En cuanto a la seguridad colectiva, la factura se eleva en proporciones todavía no vistas en el país. La multiplicación de cámaras de video, centros de control, bancos de sangre y policías estatales y municipales con el debido ingreso y capacitación, superan toda cifra actual erogada. La inversión en la Guardia Nacional espera su desdoblamiento en cuarteles, equipo y efectivos que cubran con suficiencia la inmensa geografía para atacar el crimen y reducir al mínimo desapariciones y muertes violentas.
El tradicional descuido y abandono en el cuidado de calles, carreteras, alcantarillas, guarniciones y banquetas, de cuantos y ciudades integran este enorme país, presenta un panorama, ciertamente devastador. Simplemente sus fallas son, sin exagerar, preocupantes. Poco se ha estudiado el efecto en los individuos que causa el descuido de las vialidades. El estado actual es por completo desastroso y sus consecuencias, poco analizadas en su profundidad y ramificaciones. La confianza ciudadana derivada, en cuanto al uso eficiente de los recursos públicos, flaquea sobre manera en estos días. Las lluvias se acercan y aumentarán riesgos y penas colectivas. Los baches, obstáculos varios y las rutinarias zanjas no son cuestión menor. Un buen conjunto de carreteras y calles induce hasta orgullo y sentido de pertenencia.
Hay por lo demás muchos renglones adicionales que explican y hasta exigen que se redoblen y ejecuten acciones para elevar la recaudación pública. Un Estado soberano, independiente, justo y eficaz, requiere una hacienda capaz de satisfacer la mayoría de las necesidades populares de hoy y prever las del mañana. Es la ruta para una contar con una ciudadanía participativa, creadora y consciente.