onforme a lo solicitado y anunciado por la Presidenta de la República, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dará hoy un primer reporte sobre los hallazgos y circunstancias del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Precedido de constantes y fundadas críticas por su lentitud e ineficacia en la atención de múltiples casos relevantes, a la par de premura y contundencia en asuntos que le son de interés personal, y de conveniente acomodo a las necesidades del Poder Ejecutivo en turno, Alejandro Gertz Manero definirá el camino a seguir por la institucionalidad mexicana en este trascendente caso.

El descubrimiento de prendas de vestir, tenis y otros artículos de uso cotidiano en un municipio ubicado a una hora de Guadalajara, una de las tres ciudades más pobladas del país, ha provocado una indignación social que en el fondo es la acumulación de repulsa a episodios similares que han sucedido en esa entidad, asiento de uno de los dos principales cárteles criminales de dimensión nacional e internacional, y en otras poblaciones y regiones.

Si algo debiera quedar claro, por encima de las disputas partidistas e ideológicas que han rodeado el caso, sería la evidencia a escala nacional de modelos y patrones de reclutamiento forzado de personas, sobre todo jóvenes; desapariciones; sometimientos brutales; entrenamientos salvajes de despojo de la esencia humana; torturas y asesinatos. Todo ello en el contexto de otra conducta sistemática en los ámbitos de procuración e impartición de justicia y en el aparato general de gobiernos (municipales, estatales y federal), que en general han sido obstructores e ineficaces por complicidad, corrupción o provecho político (o combinaciones de estos factores).

Lo que diga Gertz Manero quedará entrampado entre posicionamientos desde ahora confrontados: hay una corriente que busca cargar culpas destacadas a los gobiernos obradorista y claudista, en la que sobresalen opositores actuales a la llamada Cuarta Transformación, muchos de los cuales a la vez fueron figuras destacadas en gobiernos del PRI y el PAN que sembraron y cultivaron en su momento buena parte de lo que ahora en negro y rojo se cosecha.

En segmentos de esa facción se aspira a crear las condiciones para que el trumpismo intervenga directamente en México y les ayude a un retorno al poder que por la vía electoral no han conseguido. Por ello impulsan las etiquetas de Internet de narcoestado y narcopresidencias, que a pesar de que la evidentemente onerosa inversión en tiempos electorales del año pasado no les funcionó, y se aferran al caso Teuchitlán con ánimos más electorales que genuinamente justicieros.

En defensa de las presidencias guindas, ciertos segmentos de apoyo han creído y creen necesario desbaratar los relatos derivados del rancho Izaguirre, al grado de desacreditar e infamar a organizaciones y líderes de búsqueda de desaparecidos y poner en duda los hallazgos en aquel lugar. La propia presidenta Sheinbaum puso un freno a tales elaboraciones, difundidas sobre todo en redes sociales, pero también mediante declaraciones de líderes 4T: una cosa es la legítima lucha de quienes buscan a los desaparecidos y otra cosa la politiquería desplegada por adversarios del anterior y el actual gobierno federal.

Otro ingrediente político es el relacionado con Movimiento Ciudadano y sus gobiernos en Jalisco, específicamente el de Enrique Alfaro, mencionado como corresponsable relevante, y el actual, Pablo Lemus. En esos mares agitados (política y crimen organizado, ni más ni menos) habrá de colocarse hoy el fiscal Gertz con un primer posicionamiento, que es de esperarse sea tan profesional y puntual que no caiga, como la propia Presidenta ha referido, en una verdad histórica más.

Y, mientras nuevamente ha sido aplazada la votación en San Lázaro sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, ¡hasta mañana, con el retiro presidencial de una iniciativa de reforma al Issste, en acuerdo y después de una reunión con dirigentes de la CNTE!

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