La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció seis acciones inmediatas, que incluyen varias iniciativas de reforma, para combatir el delito de desaparición en el país. Actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado.

Ayer, la mandataria abrió su participación en la mañanera con la lectura de un documento sobre el tema, sin pregunta de por medio y tras la protesta social realizada a partir del descubrimiento de un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y la jornada de las víctimas a las afueras de Palacio Nacional el fin de semana.

Para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares, aseveró.

Remarcó que en el pasado las desapariciones en el país eran perpetradas por el Estado, y hoy están principalmente vinculadas con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse.

Puntualizó que su administración trabaja en coordinación con los tres órdenes de gobierno para evitar la impunidad, y se actúa con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o a sus seres queridos.

Por ello, subrayó que cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías y el Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad.

Delineó las seis acciones que emprenderá su administración contra este delito: en primer lugar, ayer firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las indagatorias con evidencias científicas.

La segunda tarea, mencionó, es que el próximo jueves enviará dos iniciativas de reforma al Congreso.

Una, a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

La otra es una iniciativa para reformar la actual ley en materia de desapariciones, con tres objetivos: uno, crear la Base Única de Información Forense que se alimentará con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los servicios forenses estatal y federal.

Dos, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o, incluso, a personas fallecidas.

El tercer elemento, agregó, incluye el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, la cual contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la FGR, las fiscalías estatales, la CNB, las comisiones de búsqueda estatales y la agencia de transformación digital.

La tercera acción será incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición y no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República.

La mandataria refirió que otra acción será equiparar el delito de desaparición al de secuestro, así como homologar tanto penas como procedimientos de investigación para este ilícito en todas las fiscalías estatales y en la federal.

El quinto punto del plan de la jefa del Ejecutivo es el establecimiento de la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, se pretende fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen una persona desaparecida.