Washington. Un juez federal cuestionó ayer si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignoró sus órdenes de no deportar a 238 indocumentados que fueron llevados a una prisión de El Salvador señalados de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tras invocar una ley de guerra de 1798.

El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones de la administración de que sus instrucciones verbales no contaban, sólo las escritas, que no podía aplicarse a vuelos fuera de Estados Unidos y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional.

Creo que es una exageración, respondió Boasberg, al señalar que el gobierno sabía perfectamente que cuando los aviones iban despegando estaba a punto de decidir si detener brevemente las deportaciones. Sólo pregunto cómo cree usted (Abhishek Kambli, abogado del Departamento de Justicia) que mis poderes equitativos no aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en el espacio aéreo internacional, añadió el juez en otro momento.

Kambli sostuvo que sólo la breve orden por escrito de Boasberg, emitida unos 45 minutos después de que hizo la exigencia verbal, era válida. Ésta no contenía ninguna exigencia de regresar a los aviones, y añadió que era demasiado tarde para rederigir dos aeronaves que ya habían salido de Estados Unidos para entonces.

Boasberg hizo a Kambli numerosas preguntas sobre los vuelos, incluyendo cuántos había y cuántos estaban en el aire en ese momento, y el abogado se negó a proporcionar detalles, al argumentar preocupaciones de seguridad nacional, informó NBC News.

Sólo estoy autorizado a decir lo que está en los documentos judiciales, afirmó Kambli.

El papel en cuestión decía que los demandantes en el caso no pueden usar estos procedimientos para interferir con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y que el tribunal carece de jurisdicción para hacerlo.

El juez ordenó a Kambli que respondiera varias preguntas sobre los vuelos antes del mediodía de este martes, y que le diera una explicación oficial de por qué no pudo revelar esa información en el tribunal en la audiencia de ayer, y en qué foro pueden responder esas preguntas.

El togado mencionó que emitirá una orden escrita con esas preguntas después de la audiencia, ya que, al parecer, mis órdenes orales no parecen tener mucho peso, y programó una nueva audiencia para el viernes.

Antes de la audiencia, el Departamento de Justicia intentó cancelarla al esgrimir que el caso interfería con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores. Cuando Boasberg dijo que seguiría adelante, los abogados del gobierno presentaron una moción ante el tribunal de apelaciones para intentar que el juez fuera separado del caso.

La Casa Blanca defendió el operativo al señalar que este gobierno actuó dentro de los límites de la ley, y asegurar que el traslado de los migrantes fue una operación antiterrorista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó a periodistas que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, se justifica porque Trump declaró al Tren de Aragua organización terrorista global.

De los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló Leavitt.

El secretario estadunidense de Estado, Marco Rubio, comentó a Fox News que todos los migrantes enviados a El Salvador son criminales de la MS-13 buscados en su país de origen o venezolanos que forman parte del Tren de Aragua.

El zar de la frontera, Tom Homan, subrayó: expulsamos a terroristas y debería ser una celebración en este país; añadió que no importa lo que digan los jueces.

Homan defendió la deportación de cientos de presuntos pandilleros, en su mayoría venezolanos, a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal de no hacerlo.

Para cuando llegó la otra orden, el avión ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y representando importantes amenazas para la seguridad pública, declaró Homan afuera de la Casa Blanca. El presidente hizo lo correcto. Cuando Alayna Treene, de CNN, le pidió que explicara el momento de la orden del juez, Homan evadió el tema y manifestó: el presidente, mediante proclamación, ejerció su autoridad al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y la impuso, lo cual tiene derecho a hacer, consideró.

En otro orden, una médica de Líbano que llegó en avión a Boston fue deportada el fin de semana sin explicación, a pesar de tener una visa de Estados Unidos y un trabajo de profesora en la Universidad de Brown.

Un juez ordenó que no se le enviara de regreso hasta celebrar una audiencia, pero los abogados del gobierno aseveraron que los funcionarios de aduanas no recibieron la notificación a tiempo.

Rasha Alawieh, de 34 años, recibió la visa el 11 de marzo y llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston el jueves, según una queja que presentó en su nombre un primo ante una corte federal.