a detención el pasado 8 de marzo y la posible deportación de Mahmoud Khalil −estudiante palestino de la Universidad de Columbia y uno de los líderes de las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza−, por orden de la administración de Donald Trump, como bien han señalado varios comentaristas (t.ly/2A8HM), es el ataque más grave a la Primera Enmienda por parte de cualquier presidente estadunidense en años.

Nacido en el seno de una familia de refugiados palestinos en Siria, casado con una estadunidense y que, después de haber trabajado para el gobierno británico, emigró a Estados Unidos en 2022, completó su tesis de maestría en políticas internacionales y públicas y estaba por graduarse en un par de meses, Khalil es un residente legal permanente en Estados Unidos, habiente de una green card, que, según los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), le ha sido revocada por su activismo. Si bien las residencias pueden ser revocadas, si su titular comete delitos como apoyar materialmente a una organización terrorista (en este caso Hamas) –lo que parece estar insinuando la administración trumpista, pero sin presentar ninguna prueba ni acusación oficial al respecto−, no es competencia del presidente ni de su secretario de Estado, sino de un juez de inmigración, y menos se puede anular por tener opiniones o participar en protestas (derechos protegidos por la Constitución) que no son de agrado de la administración en turno (t.ly/H3Umm).

La principal base legal para procesar al activista es una disposición legal raramente utilizada −aplicada, por ejemplo, en 1995 a Mario Ruiz Massieu (t.ly/EqXPs) y declarada anticonstitucional por una jueza, hermana de… Trump (t.ly/Tmj1I)−, promulgada para atacar a los sobrevivientes judíos del Holocausto de Europa del Este que llegaban a Estados Unidos en los años 40 y 50, sospechosos de ser agentes soviéticos y de amenazar los intereses de la política exterior estadunidense (t.ly/1Zo0Y). Si bien esto refleja perfectamente el espíritu del neomacartismo trumpista obsesionado con los enemigos internos −como ha señalado el sociólogo Richard Sennett (t.ly/8iEVL)−, el clima político que abrió la puerta al arresto de Khalil es legado de su predecesor.

La administración de Joe Biden y el establishment demócrata creó las condiciones que ahora Trump aprovecha en su cruzada expulsora contra los subversivos, sean migrantes o ciudadanos plenos. Han sido ellos quienes han demonizado y tratado de criminalizar a los opositores al genocidio en Gaza como extremistas antisemitas. Han sido los políticos liberales quienes reprimieron violentamente los campamentos propalestinos en los campus, no sólo en Columbia, sino también en otras universidades. Y así, su sofocación de la disidencia y ataques a la libertad de expresión ayer, fruto de su apoyo incondicional a Israel, los hace cómplices de la represión de hoy.

Resulta que, más allá de las pretensiones, ninguna de ambas administraciones ha sido tan diferente (t.ly/WHCCZ), tampoco en este rubro. Cuando a finales de 2023 la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre comparó a los manifestantes que pedían el alto al genocidio en Gaza y la implementación inmediata del cese el fuego, muchos judíos estadunidenses, con los neonazis de Charlottesville (sic), a quienes Trump defendió (in)famosamente después de una marcha violenta en 2017, a fin de justificar la brutal violencia policiaca en su contra, emulaba la misma demonización a la que Trump sujetó en otro momento a los activistas de #BlackLivesMatter, volcando todo el aparato represivo del Estado en su contra.

Este clima político bidenista era igualmente reminiscente de la represión de las manifestaciones contra la guerra en Vietnam, que llegó a su punto máximo bajo la administración de Nixon, pero que fue iniciada por sus predecesores demócratas. En 1970, antes de mandar a la Guardia Nacional a suprimir la protesta en la Universidad de Kent, el gobernador de Ohio (t.ly/3dtK4) comparó a los manifestantes con las camisas pardas nazis. Si los estudiantes eran nazis −tal como según la administración de Biden lo eran los manifestantes propalestinos−, entonces era justificado usar todo el tipo de fuerza en su contra: el saldo de la represión en Ohio han sido cuatro muertos, varios heridos y un estudiante paralizado de por vida (t.ly/ZlI_q). En usar todas las previsiones de la ley, incluidas las oscuras disposiciones que hoy trata de aplicar Trump contra Khalil −“sólo la primera de las cabecillas del activismo universitario ‘antiamericano’ en caer”, según el pre-sidente− éste sigue simplemente los pasos de sus predecesores, cuyo mutismo hoy es igual al del año pasado, cuando la Universidad de Columbia llamó a la policía para brutalizar a sus propios estudiantes, no es sorprendente.

El mundo en el que los saludos nazis son normales −e incluso blanqueados por el propio Israel y sus agencias como la Liga Antidifamación (t.ly/gpRe7), la misma que acaba de celebrar el arresto de Khalil por el peligro que representa (v)− y el gobierno y las universidades sofocan la libre expresión y el libre pensamiento mientras las sandías son antisemitas y todo el activismo propalestino es perseguido y criminalizado, es un mundo particular trumpista, pero uno para el que, primero habilitando el genocidio en Gaza y luego tratando de sofocar sus críticas en casa, sentó las bases Joe Biden.