Morelia, Mich., Con protestas de trabajadores administrativos y académicos, el Congreso de Michoacán aprobó, ayer en la madrugada, la reforma a la Ley Orgánica para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), iniciativa presentada por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla el 11 de noviembre de 2024.

Con 30 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se hicieron modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones, retiro de becas y subsidios a las casas del estudiante y una forma poco clara para elegir a las autoridades de rectoría.

Al comienzo de la sesión legislativa 12 diputados plantearon sacar este punto de la orden del día porque había omisiones; faltó una consulta más ampliada y, sobre todo, analizar bien los puntos que afectan directamente a los trabajadores nicolaítas y que tiene que ver con sus pensiones y jubilaciones.

La noche del viernes, afuera del recinto legislativo, en el centro histórico de Morelia, hubo un plantón y protestas de los sindicatos administrativo (Sueum) y académico (Spum) de la UMSNH, además de un grupo de sindicalistas de trabajadores al servicio del estado (Staspe).

Diputados de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sostuvieron que fue escasa la participación en la consulta de sectores universitarios a la que no accedieron la mayoría de alumnos, académicos y trabajadores. ¿Por qué la consulta fue virtual si no hay pandemia? ¿Consultaron escuela por escuela, facultad por facultad? ¿Por qué esta democracia indirecta?, preguntó el diputado petista Reyes Rangel.

Los inconformes también acusaron al presidente de la mesa directiva, el pevemista Juan Antonio Magaña de la Mora, de haber sido omiso del reglamento interno porque el proyecto de decreto no se entregó a la Comisión de Educación, como correspondía, pero sí a la Comisión de Gobernación.

En noviembre de 2024, tras la firma de la iniciativa de la reforma constitucional a la Nicolaíta, Ramírez Bedolla resaltó que la propuesta incluía autonomía constitucional y presupuesto pleno a la máxima casa de estudios de la entidad, democratización en la elección de rector o rectora y un sistema propio de pensiones.

Detalló que en dicha propuesta la universidad contaría con un ingreso pleno de por lo menos 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del gobierno estatal y en ningún caso puede ser menor al presupuesto ejercido en el año inmediato anterior.

Sostuvo que para 2025 se incrementarían 700 millones de pesos, por lo que pasaría de 3 mil 706 millones en 2024 a 4 mil 406 millones, este año.

En un comunicado, el SPUM señaló que “lejos de proponer una transformación profunda que fortalezca sus funciones sustantivas –docencia, investigación y difusión de la cultura–, el proyecto de reforma se reduce a unos cuantos ajustes que, más que actualizar, centralizan el poder en la figura de la rectoría, limitan la participación de la comunidad universitaria, perpetúan el vetusto y rancio mecanismo para nombrar al rector y, sobre todo, intentan modificar el régimen de jubilaciones y pensiones hasta ahora vigente”.

Reyes Rangel subrayó que el artículo 33, relativo a la denominada comisión especial para designar rector y que sustituirá a la Comisión de Rectoría, se plantea que el Consejo Universitario organice el proceso y no la comisión.

Respecto al artículo 43, con el que se plantea sustituir el artículo 29 en la Ley Orgánica sobre pensiones y jubilaciones, el petista dijo que no está de acuerdo en que los trabajadores tengan un sistema de retiro basado en Afore, contraviene el mandato constitucional de mantener el derecho a la jubilación, sin establecer nuevos requisitos, prohibidos en el artículo 14 constitucional por lo que debe de prevalecer el sistema de retiro vigente.