Cada candidato de la elección judicial –sin importar el cargo por el que compita– podrá gastar, exclusivamente de su bolsillo, hasta 220 mil 326 pesos durante el periodo de campaña, determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un largo debate, los consejeros explicaron que por primera vez la contienda se desarrollará básicamente en redes sociales ordinarias, pues el Legislador prohibió el financiamiento público y las donaciones, así como la compra de espacios en medios de comunicación e Internet.

Aunque hubo propuestas de aumentar el tope de gasto y diferenciarlo según el tipo de elección, al final el acuerdo aprobado quedó sin cambios respecto al proyecto elaborado hace más de una semana (La Jornada 25/09/25): tope de 220 mil 326.20 pesos para gastos personales de la campaña de 60 días, que empezará el próximo 30 de marzo.

Entre las propuestas que no alcanzaron mayoría destaca la de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, quien propuso fijar tope de 1.4 millones de pesos para las campañas de cargos nacionales (ministros, magistrados de sala superior del Tribunal Electoral y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial); 881 mil 304 para la de magistrados de sala regional; 413 mil 111 para aspirantes a magistrados de tribunales colegiados, y 220 mil 326 para aspirantes a juzgados de distrito.

En su exposición, argumentó que el dinero a que hizo referencia el Legislador fue el de gastos personales, por lo que habría que garantizar que los aspirantes a un cargo nacional puedan, efectivamente, pagar sus viáticos de recorridos por todo el país.

Dijo además que los ámbitos de competencia en la elección judicial son distintos y, por tanto, los electores también (de alcance nacional o local). La propuesta no obtuvo mayoría.

Antes, el consejero Uuc-kib Espadas sugirió establecer dos montos, uno máximo de los 220 mil para candidaturas de alcance nacional y otro de 162 mil pesos para las distritales, pero sin rebasar aquel nivel, porque en su opinión llevar el gasto de campaña a cantidades millonarias sería favorecer la plutocracia y la desigualdad.

Apuntó que en México sólo un pequeñísimo porcentaje de la población tiene ingresos de más de 136 mil pesos, y que la mayoría –de los poco más de 4 mil candidatos– no tiene un patrimonio millonario; por ejemplo, mencionó el consejero, un profesor universitario probablemente tenga un ingreso mensual de 50 mil pesos, de ahí que para competir por un juzgado de distrito tendría que invertir cuatro meses de su sueldo. Además, hay abogados que completan su ingreso siendo taxistas o taqueros.

Influencers jurídicos

En la posición contraria, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, votó en favor de subir el tope, porque dejarlo en el nivel de 220 mil pesos (algo más de 3 mil 600 pesos por día para gastos personales) les impediría llegar a zonas rurales, y no sería válido enfocar toda la promoción en redes sociales, porque 34 por ciento de la población del campo no tiene Internet.

Pese a lo anterior, todos los electores del país, conozcan o no a su candidato, serán juzgados por quienes hoy se postulan, y en su momento emitirán sentencias en temas como presunción de inocencia, patria potestad y violencia familiar.

En suma, advirtió, enfocar toda la propaganda en Internet sólo beneficiará a los “influencer jurídicos” que ya tienen a su disposición todo tipo de medios electrónicos.