No obstante que fue clausurada la construcción de un edificio de departamentos en tercera cerrada de San Juan de Dios número 28, en el poblado de San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan, donde estas obras no están permitidas, los trabajos continúan sin que las autoridades las detengan.

Desde el año pasado los vecinos han venido denunciando por medio de oficios dirigidos a la alcaldía, que se encuentran en poder de este diario, que el desarrollador violó los sellos de clausura para continuar con la edificación; sin embargo, no han tenido respuesta y los trabajadores avanzan con las obras a cualquier hora del día.

En el documento dirigido a la alcaldesa Gabriela Osorio, con fecha de recibido por la oficina de la alcaldía el 25 de febrero de 2025, los vecinos exponen su preocupación, ya que siendo un pueblo originario se realicen este tipo de obras que afectan el drenaje, el abastecimiento hídrico y la movilidad.

Además, se trata de un edificio que excede los niveles de altura permitidos en el poblado y anexaron las evidencias que muestran las irregularidades que los vecinos han documentado.

También han solicitado el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ver trabajar en un edificio con sellos de clausura es una violación flagrante, pero los uniformados se han negado a intervenir.

Ante la omisión de la alcaldía, que permitió que prácticamente se consolide la obra, los vecinos intentaron bloquear calzada de Tlalpan; sin embargo, ante la afectación aceptaron tener una reunión este viernes con las autoridades, en espera de que se realice una verificación y se clausure definitivamente el proyecto.

Por otra parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que se demolieron dos niveles excedentes de un inmueble de cinco pisos que se construyó de manera irregular en la calle Playa Miramar 386, en la alcaldía Iztacalco. 

El organismo señaló que desde 2022 se acreditaron diversas irregularidades en la construcción, por lo que se solicitó a la alcaldía iniciar una procedimiento de verificación para aplicar las sanciones correspondientes, entre ellas, una económica, la clausura total temporal de la obra y la demolición.