La abogada y activista oaxaqueña Sandra Estéfana Domínguez Martínez no se ausentó por voluntad propia ni se perdió; a ella la vigilaron, la acosaron y la persiguieron hasta desaparecerla el 4 de octubre del año pasado, afirmó la diputada federal Aracely Cruz Jiménez (PT).

En conferencia, cuando se cumplen cinco meses de la desaparición de Sandra Domínguez, la diputada anunció que presentará una denuncia penal contra los funcionarios oaxaqueños y federales que participaron en la difusión de imágenes sexuales de mujeres mixes en grupos de WhatsApp.

Cruz Jiménez –quien también fue víctima de violencia por su ex pareja Donato Vargas Jiménez, actual coordinador de los delegados de paz del gobierno de Salomón Jara– expuso que la investigación en la entidad se maneja en hermetismo absoluto, la fiscalía da a cuentagotas la información a la familia.

No obstante, dijo que, por otras fuentes, ha obtenido información del caso y por eso sabemos que fue perseguida, vigilada durante muchos meses hasta que lograron su desaparición, el Estado no la cuidó.

Además, consideró que el hermetismo de la indagatoria por el gobierno de Jara tiene un motivo político. Ellos saben por qué lo hacen (...) ya tenemos la información de a quién están protegiendo. No lo podemos decir porque la fiscalía debe hacer su trabajo. Seguiremos en la lucha, conocemos el trasfondo político y el encubrimiento del fiscal a esas personas por órdenes del gobernador Salomón Jara.

–¿Quién la persiguió, la acosó y la desapareció? –se le preguntó.

–La acosaron los miembros de los grupos de WhatsApp que ella denunció. Hay funcionarios federales, fueron todos ellos, el grupo político al que ella dañó. Sandra no mintió, hace unos días aparecieron en redes sociales fotos de esos grupos.

Sandra siempre tuvo la razón, siempre ha defendido a mujeres indígenas y si estuviera, lo estaría haciendo de nuevo. Pero no está y nos dejó una gran lección, que debemos defender a las mujeres que están en esas capturas de pantalla.

Expuso que en la demanda ante la Fiscalía General de la República incluirá los números de teléfono de los funcionarios que participaron en los grupos de WhatsApp y pidió a una de las víctimas que denuncie.

Dio a conocer que presentó una iniciativa de reforma para que las investigaciones por desaparición forzada empiecen cuando se reporte la ausencia, y no esperar 72 horas para abrir la carpeta.