laudia Sheinbaum asumió la Presidencia con un mandato claro: continuar y profundizar la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador, promoviendo justicia social, desarrollo económico y soberanía nacional. Con un respaldo de 59.75 por ciento de los votos y una mayoría calificada en el Congreso, su posición política es inédita, lo que brinda a la Cuarta Transformación (4T) una oportunidad histórica para consolidar cambios estructurales. Además, heredó una economía estable: un tipo de cambio sin grandes fluctuaciones, reservas internacionales de 202 mil 500 millones de dólares, un déficit fiscal moderado de 5.7 por ciento del PIB, una deuda externa equivalente a 51.4 por ciento del PIB y una inflación anual de 4.21 por ciento. Pocas administraciones han comenzado con un panorama macroeconómico y político tan favorable.

Sin embargo, en su gabinete los encargados de las relaciones internacionales y la política comercial han mostrado una visión más alineada con intereses trasnacionales que con los principios de la transformación prometida. Esto ha llevado a la consideración de acuerdos desventajosos para preservar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estrategia que recuerda a la seguida por Carlos Salinas de Gortari en los años 90, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En aquel entonces, se prometió modernización y desarrollo, pero las consecuencias han sido claras: precarización laboral, debilitamiento del sector industrial nacional y una economía subordinada a intereses foráneos. Salinas confió en que la inversión extranjera y la liberalización comercial impulsarían el crecimiento, pero el resultado fueron el estancamiento y una dependencia estructural que, hasta hoy, limita la capacidad de México para definir su propio rumbo.

En contraste, la historia de México ofrece ejemplos luminosos de liderazgo soberano. En 1938, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, consolidando la soberanía energética y sentando las bases para un desarrollo independiente. Sin embargo, la comparación entre Cárdenas y Sheinbaum no es justa: Cárdenas contó con el respaldo de la Revolución Mexicana, la crisis de 1929 en Estados Unidos y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, factores que ampliaron su margen de maniobra. Sheinbaum enfrenta un escenario distinto, en el que la soberanía está condicionada por 30 años de integración económica con Norteamérica. No obstante, esto no significa que deba renunciar a una política más autónoma. Un cambio de modelo económico debe plantearse de manera paulatina, considerando acuerdos estratégicos con Europa y China.

La disyuntiva actual es clara. Romper con el T-MEC implicaría un ajuste económico de mediano plazo, pero permitiría redefinir un modelo de desarrollo propio. La narrativa de que su ausencia generaría una catástrofe económica es, en gran medida, una estrategia para justificar concesiones que comprometen la soberanía nacional. Aceptar términos aún más desventajosos, como imponer aranceles a China o firmar un nuevo T-MEC en condiciones adversas, significaría una renuncia histórica a la independencia económica. Antes de tomar decisiones, es clave evaluar qué aranceles se impondrían y qué alternativas reales existen para negociar con China o mejorar el tratado con Estados Unidos.

Éste es un momento para actuar con equilibrio. Priorizar una integración asimétrica con América del Norte podría garantizar estabilidad a corto plazo, pero también pondría en riesgo la confianza del pueblo. La soberanía no es sólo un principio, sino condición indispensable para un desarrollo equitativo. Apostar únicamente por la inversión extranjera directa (IED) y el nearshoring, como propone el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, podría repetir errores del pasado: el TLCAN dejó lecciones claras, como la precarización laboral, el debilitamiento industrial y una economía subordinada a intereses foráneos.

Firmar un acuerdo en términos desventajosos y presentarlo como un triunfo sería un error político de graves consecuencias. Sheinbaum debe mantenerse fiel al mandato popular, priorizando la soberanía y la justicia social sobre concesiones que comprometan el futuro del país. Si la ciudadanía comprende que recuperar la soberanía podría implicar un periodo de ajuste económico temporal, pero que esto abriría la puerta a un futuro más próspero e independiente, el respaldo a esta estrategia sería posible. En caso de ser necesario, la Presidenta puede hacer un llamado al pueblo y contar con movilizaciones populares que fortalezcan la legitimidad de las decisiones, asegurando que el rumbo de México no sea dictado por intereses ajenos al bien común.

En este contexto, Sheinbaum debe evitar caer en la trampa de soluciones inmediatas que, aunque aparentemente fáciles, perpetúan los problemas estructurales. La historia juzgará su administración no por su capacidad para evitar conflictos, sino por su valentía para tomar decisiones que aseguren un futuro autónomo y próspero para México. El camino no será sencillo, pero es el único que garantiza la soberanía y el bienestar de las generaciones futuras.

*Director del Cide