El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, informó este martes que en junio se conocerá el resultado de la audiencia programada para el 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, que determinará si las empresas fabricantes de armas demandadas por México pueden gozar de inmunidad legal.

En foro organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arrocha aseguró que, independientemente del fallo, el gobierno de México ha diseñado una estrategia legal y política más amplia para enfrentar al gran poder económico de la industria de las armas estadunidense.

Las demandas interpuestas en el país vecino contra fabricantes y distribuidores de arsenal han mostrado avances significativos, dijo Arrocha. Agregó que la cancillería contempla distintos escenarios, tanto en la Corte Suprema como en la corte de Tucson, Arizona, donde también se lleva a cabo un proceso legal contra cinco tiendas. En este último caso, la jueza de distrito ha autorizado la fase de discovery, lo que permite la recolección de pruebas claves para la querella.

El litigio en la Corte Suprema es parte de una demanda presentada en 2021 por México en Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armas. Arrocha señaló que este caso, junto con el de Arizona, representa una estrategia jurídica innovadora, que podría abrir la puerta a más acciones legales en el futuro. Ambos litigios son punta de lanza en un proceso que puede permitir estrategias legales más amplias a largo plazo, puntualizó.

La gran fuerza contra la que nos enfrentamos todos, México y cualquier otro país de la región, es el gran poder económico de la industria de las armas, y no es cosa menor. La manera en que podemos ir ganando aliados desde la perspectiva política para contrarrestar sus intereses es que la élite política vea que en este tema se le van los votos, advirtió Arrocha, al enfatizar que el camino legal ha sido complejo y requiere paciencia.

Explicó que tiene dos objetivos principales. El primero, lograr mayores controles en la venta de armas en Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito hacia México. El segundo es generar un cambio en la narrativa sobre el problema. El reclamo de México no busca afectar la Segunda Enmienda ni el derecho de los estadunidenses a poseer armas