El Senado aprobará este miércoles las leyes secundarias de la reforma energética que tienen por objetivo revertir los procesos de privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como devolver al Estado la rectoría sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, expuso que no tienen razón los priístas cuando señalan que se trata de la misma reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum tienen una orientación completamente diferente; van en contra del proceso de privatización que hicieron tanto el PRI como el PAN, explicó, al destacar que desde antes de 2008, esos partidos intentaron modificar la Constitución para que fuera la iniciativa privada la que decidiera en materia de petróleo y electricidad.

La morenista insistió en que las propuestas de la titular del Poder Ejecutivo, cuyo dictamen fue avalado el lunes en comisiones, recuperan tanto la energía eléctrica como el petróleo para beneficio de los mexicanos.

Castillo apuntó que con la expedición de ocho nuevas leyes y la reformas a dos más, se da una serie de atribuciones a la Secretaría de Energía, la cual fue desintegrada durante todo el proceso de desmantelamiento que se dio en el periodo neoliberal.

En entrevista, explicó que la planeación estaba por un lado y, por otro, se expedían permisos para la generación de electricidad sin tomar en consideración las necesidades de la población.

Con la aprobación de las citadas iniciativas en comisiones, aseguró que el Senado recupera la planeación y se da una vinculación entre todas las áreas del sector.

La senadora Guadalupe Chavira también rechazó que las propuestas avaladas el lunes sean las mismas de Peña Nieto, luego de explicar que las de Sheinbaum fortalecen la soberanía nacional al rescatar a Pemex y CFE y garantizan un crecimiento ordenado y una transición a energías limpias.

Es un cambio medular respecto a la de ex presidente priísta, porque de entrada se cambia la naturaleza jurídica de las empresas estatales, que pasan a ser públicas con una integración vertical, pues se eliminan las subsidiarias que les habían impuesto. Con ello se volverán más eficientes.