El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá tendrá el voto decisivo en un proyecto en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que propone declarar inconstitucionales las cuotas de inscripción a posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al considerar que viola el principio de gratuidad en la educación superior, consagrado en el artículo 3 de la Carta Magna.

Lo anterior se establecería al conceder un amparo que beneficiaría exclusivamente al abogado Jesús Santander López, quien el 31 de enero de 2023 promovió un juicio contra la cuota de recuperación a la especialidad de mediación y medios alternativos de solución de conflictos de la Facultad de Derecho, a la que se inscribió.

En primera instancia, el 25 de septiembre 2023, la jueza decimoséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México amparó contra dicho cobro al abogado; inconformes, el rector de la UNAM y el Consejo Universitario interpusieron un recurso de revisión y solicitaron a la Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto, lo que se concretó el 14 de marzo de 2024.

El 29 de enero pasado, el asunto generó un empate de dos votos a favor y dos en contra en la segunda sala, debido a que esa instancia se quedó con cuatro integrantes luego de que Luis María Aguilar pasó al retiro en noviembre del año pasado. A favor estuvieron Yasmín Esquivel (ponente) y Lenia Batres; en contra, Alberto Pérez y Javier Laynez. Por ello, este fin de semana se instruyó convocar por turno al ministro González de la primera sala para el desempate.

En su proyecto, Esquivel reconoce la autonomía de la UNAM, pero señala que sus alcances son en el ámbito de organización y administración interna de la institución, no obstante, resaltó límites.

Es decir, la autonomía universitaria constituye una garantía que se otorga a la institución de educación superior para determinar su diseño institucional (autonormación y autogobierno), para garantizar la obligación del Estado de brindar educación, bajo los principios de libertad de cátedra, investigación, de examen y discusión de ideas, al igual que organizar internamente sus planes de estudios, determinar el acceso, promoción y permanencia de sus docentes y administrar su patrimonio, pero dicha autonomía no tiene como alcance pasar por alto los principios constitucionales consagrados en el artículo 3 de la Constitución, señala el proyecto.

La segunda votación del proyecto podría darse en los próximos días, una vez que González Alcántara concluya el estudio del asunto.