El Senado recibió ayer de la titular del Poder Ejecutivo una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional por la que desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Se trata de un paquete para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expedir tres nuevas leyes: la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

En la exposición de motivos se señala que la armonización de la ley secundaria a la reforma constitucional fortalecerá la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos humanos al acceso a la información pública y la protección de datos personales, sin que ello implique un derroche de recursos públicos y que se haga a través de instituciones con las que ya se cuenta.

La iniciativa plantea que las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de los citados derechos son el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo, y los órganos de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación y las entidades autónomas. También las contralorías del Congreso de la Unión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el caso de los sindicatos.

Respecto a los partidos políticos, la autoridad garante será el Instituto Nacional Electoral, y en el caso de las entidades federativas, las autoridades de control interno y vigilancia.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales será sustituido por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, el cual ya no tendrá la facultad de regular la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esta última quedará en manos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, autoridad que contará con los recursos para su administración y proteger su integridad.

La reforma prevé la conformación de un comité de transferencia integrado por servidores públicos del INAI, el cual fungirá como responsable de la entrega de los recursos y asuntos relacionados con la extinción del órgano constitucional autónomo.