Durante 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) no comprobó el ejercicio de 11.7 millones de pesos en servicios de alimentación, vigilancia y traslado (vías terrestre y área) de migrantes mexicanos y extranjeros, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023.

Al realizar una revisión forense, la entidad documentó que el INM pagó más de 4 millones 585 mil pesos a la empresa de autobuses ETN Turistar Lujo, SA de CV, sin haber acreditado cómo determinó la cantidad diaria de servicios de traslado requeridos.

Los formatos de la empresa para comprobar sus labores no contienen información que compruebe la cantidad pagada ni que los traslados efectivamente hayan sido de migrantes.

El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación pagó 286 servicios de traslado y guardia realizados por un mismo chofer en días y en horarios simultáneos, además de 40 servicios que no corresponden con las horas reportadas.

Otra posible irregularidad son los pagos hechos en marzo de 2023 por el INM a la empresa Grupo Aéreo Monterrey, SA de CV, por 46 viajes, sin acreditar que éstos fueran para el traslado de migrantes vulnerables.

Además, el instituto pagó 10 viajes a dos ciudades de Ecuador –país no autorizado para retorno de migrantes– y el proveedor de transporte aéreo no comprobó el pago de cuotas obrero-patronales de 19 pilotos y copilotos que realizaron vuelos pagados por el INM.

También destinó 2 millones de pesos a la compañía Aeroenlaces Nacionales, sin comprobar adecuadamente la transportación de los pasajeros, ya que presentó dos listas distintas de viajeros.

Por otro lado, el INM no recurrió a la opción menos costosa para el regreso de sus agentes, sino que utilizó vuelos fletados.

En cuanto a servicios de alimentación, la ASF reveló que el INM autorizó pagos por 3 millones 306 mil pesos a la empresa Operadora de Comedores Saludables, SA de CV, sin que ésta haya acreditado la entrega de comida a los migrantes; además, presentó listas incompletas de provisión de alimentos o en las que no detalló el tipo de comida que repartió.

Por lo que se refiere a la vigilancia, el instituto pagó un millón 810 mil pesos a Grupo de Seguridad Privada Camsa, SA de CV, sin asegurarse de que mil 775 servicios se realizaran con la cantidad de guardias requeridos y en los horarios acordados.