Las posibles irregularidades en el gasto federalizado ejercido por gobiernos estatales y municipales se dispararon 78.2 por ciento de 2022 a 2023, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, los recursos cuyo uso debían esclarecer los gobiernos locales ascendió a 22 mil 892 millones de pesos, mientras en la revisión correspondiente a la Cuenta Pública 2023, esta cifra aumentó a 40 mil 801 millones de pesos, de acuerdo con un informe entregado ayer por la ASF a la Cámara de Diputados.

El reporte de la ASF indica que el impacto económico de las observaciones se compone de 40 mil 801 millones de pesos pendientes de aclaración y mil 329 millones de pesos en recuperaciones operadas.

El incremento del monto por aclarar en la Cuenta Pública 2022 se debe principalmente al aumento de 115.7 por ciento en el gasto federalizado programable y a una estrategia de fiscalización basada en tecnologías de la información, así como a una mayor cobertura de auditorías, especialmente en municipios, según la ASF.

En cinco entidades, 58% de las erogaciones no aclaradas

El documento señala que 51.5 por ciento del monto por aclarar en municipios se concentra en sólo 38 de los 845 entes fiscalizados. A nivel estatal, las entidades con mayores posibles irregularidades son Baja California, Veracruz, Morelos, estado de México y Nuevo León, que en conjunto representan 58 por ciento del monto observado.

Entre las principales irregularidades detectadas en la fiscalización del gasto federalizado destaca la falta de documentación comprobatoria de gastos por 32 mil 749 millones de pesos y el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 2 mil 153 millones de pesos, además de pagos improcedentes o en exceso por mil 538 millones y bienes adquiridos no localizados, que no operan o servicios no realizados por mil 110 millones de pesos.

Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Fernando Camacho