in importar el paso del tiempo, los discursos y las estrategias implementadas, la violencia persiste, junto con la desigualdad, como uno de los principales problemas de la sociedad mexicana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2024, la inseguridad es la mayor preocupación para 60.7 por ciento de la población en México, seguida de la escasez de agua (36.8 por ciento). No sólo por las cifras, que ciertamente alcanzaron una meseta durante el último sexenio, sino por las ominosas configuraciones recientes de la violencia, podemos afirmar con preocupación que la reconciliación social y la construcción de paz es la principal deuda de los últimos gobiernos y el mayor reto del actual.
Las tendencias a la baja en los homicidios son un hecho, pero son tendencias marginales y aún insuficientes; 2024 cerró con un promedio de 82.1 homicidios perpetrados al día, cifra inferior al promedio sexenal. Más aún, los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum han reforzado esta tendencia a la baja. Enero, por ejemplo, cerró con un promedio de 76.5 homicidios diarios y se reporta, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en el presente sexenio el promedio de homicidios diarios se ha reducido 12 por ciento. Esa tendencia a la baja, sin embargo, no se repite en las cifras de desaparición, que continúan al alza, con ya 122 mil 496 personas desaparecidas y no localizadas con corte al 19 de febrero.
En ningún escenario la perpetración de 76 homicidios diarios puede ser motivo de celebración. Más: es bien sabido que no basta el análisis cuantitativo de cualquier fenómeno social para comprender su gravedad e implicaciones. Menos aún cuando las cifras son tan contrastantes con los niveles de crueldad y atrocidad que han alcanzado diversos y frecuentes hechos de violencia en nuestra historia reciente.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con las infancias y adolescencias, que representan el futuro del país. Con información de la organización civil Reinserta, se estima que cada año, entre 30 mil y 40 mil niños son reclutados por el crimen organizado en México. Se afirma que siete de cada 10 adolescentes reclutados provienen de entornos de violencia intrafamiliar o de abuso de cualquier tipo; y seis de cada 10 adolescentes que cometieron delitos graves crecieron en comunidades con altos índices de violencia y criminalidad. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) cifra en 250 mil menores de edad dentro de la población en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado.
Los montos anteriores condicen con los hallazgos recientes de centros de adiestramiento del crimen organizado para menores, como el ubicado en septiembre en Teuchitlán, Jalisco, o como los casos documentados sobre los procedimientos del cártel del Noreste en Tamaulipas, que adiestra a menores para convertirlos en sicarios. Se presume, con sólidas evidencias, que muchos casos de desaparición de jóvenes en el país están ligados a reclutamientos forzados.
Las juventudes e infancias son, además, un grupo etario particularmente afectado por el crecimiento de la crueldad de la violencia. Un reportaje de los periodistas Víctor Valles Mata y Carlos Moreno presentado en el noticiario nocturno conducido por el periodista Enrique Acevedo mostró los testimonios de menores de edad reclutados para ser sicarios. Los menores que proporcionaron sus testimonios de manera anónima, referían los mecanismos de reclutamiento y adiestramiento a los que eran sometidos para normalizar y reproducir la violencia y su crueldad.
La noticia reciente sobre el abandono de un bebé recién nacido en Tultitlán, que convocó buena parte de la atención social, muestra los efectos de lo anterior; pero también lo son los múltiples casos reportados en estados como Puebla, donde el 5 de febrero fue asesinado un bebé de nueve meses en Zacatlán tras un intento de robo a mano armada a una familia de turistas. Asimismo, han sido encontrados cuerpos de jóvenes con signos de violencia en vehículos abandonados. Tres en Chignahuapan, hace dos semanas; y, el año pasado, tres en la autopista México-Puebla en octubre; 10 cuerpos, en tres vehículos, en un mismo fin de semana de septiembre todos localizados en la ciudad de Puebla, y siete en abril, también en la capital estatal.
El actual gobierno afirma que disminuye la violencia letal, y las cifras lo avalan; sin embargo, el control territorial del crimen organizado bajo la aquiescencia y contubernio de las autoridades instituidas está generando entornos propios de la macrocriminalidad en que se trastocan todos los derechos y nublan las perspectivas de futuro, especialmente de las nuevas generaciones y en particular de quienes viven en contextos de pobreza, gravemente afectadas por una desigualdad estructural.
El conteo de cifras es, sin duda, práctica importante para dimensionar la gravedad de una problemática que no ha cesado en las últimas décadas; y su conocimiento preciso y sistemático es un insumo útil para el diseño de políticas y estrategias de seguridad ciudadana eficaces. Sin embargo, frente a una crisis de violencia que se ha prolongado y profundizado ya durante décadas, como ocurre en el país, la disminución cuantitativa de la violencia si bien es un avance significativo, resulta insuficiente. Ante la normalización de la violencia y su crueldad, y frente a la progresiva cancelación de perspectivas de futuro de las juventudes, es indispensable fortalecer las instituciones que tutelan el derecho a la verdad, la justicia y la memoria, implementar estrategias de corto y largo plazos sobre prevención y derechos económicos y sociales, que permitan la reconstrucción paulatina de tejidos sociales y una cultura de paz.
