En juicios de divorcio, guarda y custodia, violencia familiar y vicaria, la constante es que las mujeres se enfrenten a violencia institucional, sostuvo la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la agrupación Justicia Pro Persona, quien destacó que esta práctica existen incluso en la Fiscalía de la Ciudad de México.

La asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio añadió que el Tribunal de la Ciudad de México es una institución que se ha caracterizado por el encubrimiento de jueces que actúan en contra y en detrimento del interés superior de las niñas y niños. Y son ejemplo de violencias extremas.

Recordó que a Mireya Agraz Cortés la orillaron a optar por privar de la vida a sus hijos e hija, a sus padres (los abuelos maternos) y a suicidarse, porque una jueza le iba a dar la guardia y custodia al agresor de los niños señalado por violencia sexual infantil.

En 2011, Agraz interpruso una de-nuncia por abuso sexual en agravio de su hijo, pero el presunto agresor (su esposo y padre de sus tres hijos) tras alegar alienacion parental y denunciarla por violencia familiar, obtuvo la guarda y custodia en 2017.

Ni la entonces procuraduría capitalina ni el Tribunal Superior de Justicia atendieron la denuncia de Mireya, pero sí dieron entrada a los recursos que interpuso el padre.

Pérez Garrido indicó que estas prácticas son generalizadas, pero sin sanción para los servidores públicos que actúan al margen de la ley. Es más fácil que los corran por no pasar lista de asistencia que por actuar de manera indebida o contra los derechos de los menores.

La litigante remarcó que esta forma de operar de los agresores y utilizar a las instituciones para violentar a las mujeres no siempre está ligada al poder económico y político de los agresores, sino que forma parte del sistema patriarcal, en el que los hombres se identifican y se ayudan.