La Cámara de Diputados comenzarán a discutir esta semana dictámenes de reformas que se han rezagado en la agenda; entre otras, la ley que reglamenta los cambios al artículo 105, en materia de la denominada supremacía constitucional, que se votará este martes en comisiones.

Asimismo, la instancia de Energía tenía previsto discutir este lunes los cambios a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos –donde se sustituye el derecho de utilidad compartida por derecho petrolero para el bienestar–, pero de última hora, se cambió para el viernes.

También se prevé que esta semana las comisiones unidas de Vivienda y Trabajo voten las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de fortalecimiento de su financiamiento y del derecho a la vivienda para los empleados de gobierno.

La Comisión de Puntos Constitucionales todavía no tiene fecha para discutir la reforma a la Carta Magna en materia de maíces nativos, pues continúan las consultas públicas; este lunes se revisará con organizaciones sociales y el martes con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

En la sesión ordinaria de mañana se enviarán a comisiones las iniciativas presidenciales de las leyes general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de un nuevo sistema nacional de investigación e inteligencia.

Ayer, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expuso que ambos ordenamientos buscan construir un sistema indispensable en materia de prevención de delitos.

En caso de aprobarse, se prevé un plazo para la creación de una herramienta con sistemas de inteligencia que coordine esfuerzos de la Federación, estados y municipios e incluso entes privados, con el fin de realizar investigación efectiva de los delitos, declaró.

Las iniciativas prevén que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda obtener datos de las personas de todo tipo de bancos de información y rescata la propuesta de registro de líneas telefónicas, declarado inconstitucional por la Corte.

Monreal ofreció que, con el contenido de las leyes, se garantiza que los productos de inteligencia contarán con medidas de cifrado y encriptado, así como la protección de las personas y sus derechos humanos, e incluyen al máximo herramientas tecnológicas, científicas y digitales con apego a la legalidad.