a administración del presidente Donald Trump dio marcha atrás en su decisión de suspender a cientos de trabajadores federales de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSSA, por sus siglas en inglés) asignados a los programas de armamento nuclear de su país y que operaban en las plantas de Amarillo, Texas, el Laboratorio Nacional de Jackson, Carolina del Sur, la instalación nuclear de Hanford, en Washington, y la Reserva de Oak Ridge, en Tennessee, algunos de ellos a cargo de tareas tan críticas como el ensamblaje de ojivas atómicas o el manejo de desechos de la producción de plutonio. Legisladores, funcionarios y expertos en seguridad y en energía habían calificado los despidos de imprudentes, insensibles y peligrosos y capaces de crear una sensación de inestabilidad en el programa nuclear, tanto en el país como en el extranjero.

Por otra parte, 20 jueces de inmigración fueron separados de sus cargos sin explicación alguna, como parte de la aplicación del programa de eficiencia gubernamental (DOGE) que encabeza el multimillonario Elon Musk el cual, en un encuentro ante la prensa celebrado el 11 de febrero en la Oficina Oval, no tuvo empacho en afirmar: nos movemos rápido, así que vamos a cometer errores.

Resulta asombroso que ni el magnate ni su superior, el propio Donald Trump, sean capaces de ver hasta qué punto la descocada política de reducción de la burocracia que se empeñan en llevar a la práctica es, en sí misma, un error monumental que podría desencadenar consecuencias desastrosas no sólo para ellos, el actual equipo de gobierno y sus planes, sino para todas las instituciones estadunidenses, incluido su aparato militar. El despido de jueces migratorios, por ejemplo, hará más lentos los procesos de deportación que el jefe de la Casa Blanca desea elevar de manera exponencial, en tanto que Washington difícilmente podrá proyectar en el escenario internacional una imagen de fuerza cuando se empeña en debilitar segmentos críticos del mantenimiento de su arsenal nuclear.

En una reacción visceral a la lentitud y poca dimensión de las expulsiones de extranjeros indocumentados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) despidió el sábado a dos directivos por la supuesta falta de resultados porque las detenciones han ido a la baja, pese a las redadas ordenadas por Trump. Así, mientras a fines de enero se registraban en promedio 800 capturas diarias, en lo que va de febrero ese indicador bajó a menos de 600. A lo que puede verse, el gobernante no se ha dado cuenta de que los desajustes en la estructura del ICE causados por los despidos difícilmente permitirán cambiar esa tendencia. Ello, a pesar de que desde antes de que tomara posesión múltiples voces le advirtieron que los recursos humanos del gobierno no bastarían para cumplir sus amenazas de deportaciones masivas, y que si pretendía llevarlas a cabo tendría que invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructura y contratación de personal administrativo y operativo para detener a indocumentados y gestionar y operar las expulsiones. Pero a juzgar por antecedentes, el actual presidente estadunidense tiene el hábito de desahogar sus frustraciones mediante despidos y purgas en su propio equipo, como ocurrió en su primer mandato, sin que ello se tradujera en una mayor eficacia gubernamental ni en el cumplimiento de las metas que se había fijado.

Finalmente, por grotescos que resulten los tropezones de Trump con su propio programa, no puede soslayarse que el resultado puede llevar a una crisis económica mundial –de la que Estados Unidos no se salvaría– y a una dislocación mayor de la institucionalidad estadunidense.