Exigen declarar emergencia hipotecaria
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Lunes 10 de febrero de 2025, p. 21
Madrid. El centro de Madrid se llenó con más de 22 mil personas que enarbolaron un mismo reclamo: vivienda digna
, y que se declare emergencia habitacional
para adoptar medidas de gran calado que remedien uno de los principales problemas del país, que afecta sobre todo a los jóvenes.
La protesta, convocada por la plataforma Habitat24, aboga por que las administraciones públicas, sobre todo las que gobiernan la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, ambas del derechista Partido Popular (PP), comprendan que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho
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La manifestación recorrió las principales calles del centro de la capital española, desde el Paseo del Prado hasta la Puerta del Sol, y contó con el apoyo de los tres principales partidos de la izquierda madrileña, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Más Madrid y Podemos. Incluso acudieron varios miembros del gobierno español, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ex ministra de Turismo, la socialista Reyes Maroto. La plataforma Habitat24 está compuesta por más de 40 asociaciones y colectivos, buena parte preocupados por los problemas estructurales de la vivienda, aunque también participaron otras organizaciones, incluidas Amnistía Internacional, Greenpeace y Ecologistas en Acción.
Bajo el lema Vivienda digna y sostenible ¡ya!
, los más de 22 mil manifestantes, según la delegación del gobierno, también portaron carteles y gritaron consignas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien responsabilizaron de haber abierto el sector inmobiliario de la región al capital especulativo
y a los fondos buitres
. Hubo discrepancias sobre las cifras de participantes: la plataforma convocante cifró la asistencia en 400 mil
, y el Sindicato de Inquilinas en 100 mil
.
En el manifiesto consensuado entre todas las agrupaciones convocantes advirtieron que hace cuatro meses que la ciudadanía madrileña expresó claramente, en la manifestación del 13 de octubre, que las instituciones no estaban tomando las decisiones adecuadas para solucionar la emergencia habitacional que estamos sufriendo. Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho. Un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española. Un derecho básico que sostiene otras garantías fundamentales como los derechos al trabajo, a la salud o a la educación. Sin embargo, a pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato
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Señalaron de forma directa al gobierno de Ayuso, cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros el de Madrid. ¡Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía! Sabemos que la solución a esta crisis habitacional tiene que venir desde la actuación de los poderes públicos porque el objetivo del interés privado, maximizar los beneficios, es incompatible con la garantía de derechos. Para ello, el parque de vivienda pública que en ningún caso pueda ser descalificada debe crecer de forma exponencial y situarse aproximadamente en un tercio de las viviendas totales
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas, que advirtió de que los desahucios y lanzamientos han continuado de forma constante en años recientes a pesar de que el gobierno central está formado por una coalición de partidos de izquierda (PSOE y Sumar ahora, y PSOE y Podemos entre 2018 y 2023). Algunos quieren convertir nuestra lucha en su escaparate. Partidos del gobierno y sindicatos mayoritarios, responsables del problema de la vivienda, organizan y llaman a manifestarse. ¡No queremos participar de su circo! No nos representan quienes permiten que la especulación nos eche de nuestras casas, quienes legislan para proteger a los rentistas y quienes pactan migajas y no soluciones reales
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