Santiago. Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), dijo que durante la administración del presidente chileno Gabriel Boric empeoraron las condiciones para el movimiento indigenista que busca la recuperación y autonomía de su territorio ancestral.

Sentenciado a 23 años de prisión en 2024 por delitos comunes y contra la seguridad del Estado, Llaitul contestó desde su celda preguntas del medio www.elclarin.cl, luego que se lanzó el ensayo Escritos desde la cárcel, de su autoría.

La evaluación que nosotros hacemos de la relación de este gobierno con nuestro pueblo y con las comunidades mapuche en lucha, en particular de aquellas que se están movilizando por la recuperación de sus tierras, ha sido deplorable, es una relación de mayor confrontación y violencia, expresó.

Se ha agudizado el conflicto histórico porque no solamente está basado en la aplicación de más políticas represivas contra el movimiento en lucha, sino por la farsa en que se ha transformado su supuesta instancia de diálogo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que surge y se instala con el único objetivo de utilizar y manipular a los sectores mapuche cooptados y funcionales al sistema, instancia que ha resultado un fracaso y que constituye una nueva burla para el movimiento mapuche en general, agregó.

En junio de 2023, Boric conformó una comisión de ocho integrantes con el mandato de determinar la demanda de tierras de las comunidades y proponer mecanismos para la reparación por la vía institucional frente al desposeimiento a través de la historia.

Ese grupo debería entregar sus conclusiones en las próximas semanas.

El conflicto entre la nación mapuche y el Estado chileno tiene lugar en el Wallmapu, el territorio ancestral indígena, donde se asientan las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que suman 136 mil kilómetros cuadrados de los cuales sólo 5 por ciento está en poder de comunidades de aquella etnia.

En esa extensa zona, principalmente dos grandes conglomerados forestales explotan hasta 4 millones de hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus, corporaciones que son el blanco principal de unos cinco grupos insurgentes que allí operan, aunque también son afectados agricultores que padecen la destrucción de sus bienes y cosechas.

Pero según Llaitul, el gobierno de Boric no sólo ha instalado una falsa bandera con sus políticas de diálogo que han resultado un gran engaño en materia de restitución territorial, sino que se han creado todas las condiciones para el aumento de la represión, en especial hacia los procesos de recuperación de tierras, y que de cierta forma reinstala políticas de exterminio que sufrimos en el siglo pasado.

Para el dirigente, está ocurriendo una nueva ocupación.

Tras 25 años de existencia de la CAM, Llaitul sostiene que hemos logrado avances sustanciales en la recuperación del territorio y que las forestales son nuestro enemigo histórico.

En cuanto a su situación, establece que “fue una condena política y por lo mismo debe ser asumida de acuerdo con el grado de conciencia y de politización que ha alcanzado nuestra lucha (…), se debe asumir la prisión política bajo un contexto de mayor adversidad”.

La defensa del dirigente se prepara para llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacia fines de 2024, en las cárceles chilenas había 86 prisioneros mapuche, decenas de ellos preventivamente y sin condena.