La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCG) auditará la gestión de la ex alcaldesa de Tlalpan Alfa González Magallanes, de la coalición PAN, PRI y PRD, a causa de la denuncia presentada sobre una red de corrupción que operó durante su administración, en la que se solicitaban pagos hasta de 100 mil pesos para retirar sellos de clausura y depósitos mensuales a cuentas personales de funcionarios para permitir el funcionamiento de establecimientos mercantiles.

La directora general de Normatividad y Apoyo Técnico en la SCG, Ana María Chávez Nava, informó que se propuso actualizar el programa anual de auditoría a partir de los señalamientos de la actual alcaldesa, Gabriela Osorio Hernández, sobre evidencia detectada en el proceso de entrega-recepción de procedimientos de verificación a negocios cuyos expedientes incluso se mantenían abiertos aun cuando se accedía a realizar pagos para levantar la suspensión o clausura.

Explicó que el órgano interno de control de la alcaldía propuso incorporar la auditoría A-01/2025 Establecimientos Mercantiles 2021-2024, para revisar el cumplimiento de la norma y la actuación de los servidores públicos.

Osorio Hernández indicó que se presentó la denuncia ante la división de investigación de los delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia capitalina con las pruebas correspondientes.

En abril de 2023, propietarios de establecimientos como distribuidoras de materiales para construcción, tortillerías y carnicerías se organizaron para crear la Unión de Comerciantes de los Pueblos, Barrios y Colonias de Tlalpan, a fin de hacer frente común ante las constantes extorsiones y cierres de negocios ejecutados por funcionarios de la alcaldía, con los que tenían que arreglarse con pagos de 50 mil a 100 mil pesos, dependiendo del tamaño del local.

En diciembre pasado, vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios, Ejidos de Huipulco, Rancho Los Colorines y Arboledas, que denunciaron el funcionamiento ilegal de un bar en Hacienda de Coapa 10, refirieron que durante la pasada administración, en 2022, mientras la alcaldía permitía el funcionamiento de chelerías y bares sin uso de suelo en la zona, desató una redada de locales, en la que llegaba a suspender negocios como papelerías, tiendas de ropa y cocinas económicas con cualquier pretexto. Un ejemplo fue la escuela de prescolar Instituto Continental Lexington, suspendido “porque el extintor que allí estaba no tenía letrero de ‘extintor’”.