Quito. A pocos días de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, en pleno debate de la campaña para elegir presidente, no mencionara los nombres de cuatro niños asesinados tras un arresto militar, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición e incineración delos cuerpos de Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años. Mientras el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas declaró: Ecuador retrocede profundamente en la defensa de los derechos de los niños.

La relatora del Comité, Mary Beloff, tachó de aberrantes los hechos sucedidos a partir del 8 de diciembre de 2024, día de la desaparición de los menores: Es parte esencial de nuestra labor que haya verdad y justicia en cada violación de las garantías constitucionales de un niño ecuatoriano, y que se provea reparación en tiempo oportuno para que nunca más suceda. Acotó que, en términos generales, en el país sudamericano existen más de 50 normas que requieren ajuste legal para ser congruentes con sus compromisos internacionales.

Un día antes, la CIDH instó: El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas en la nación.

Hasta ayer, Noboa no se ha referido al tema, incluso después de que el domingo pasado uno de sus rivales en la contienda electoral, Francesco Tabacchi, le preguntara si recordaba los nombres de los cuatro niños desaparecidos por la fuerza pública y encontrados calcinados, y si pediría disculpas a Ecuador por lo ocurrido. El mandatario no respondió.

El hecho, que conmovió a todo el país, fue perpetrado el 8 de diciembre y el día 31 de ese mes fueron identificados los cuerpos incinerados hallados días antes.

Tal como lo relata la CIDH en su reporte: la información oficial asienta que fueron detenidos por personal militar en las cercanías del Mall del Sur (en Guayaquil), y subidos a vehículos de las fuerzas armadas. Esa noche, Ismael pudo comunicarse con su padre, a quien indicó que habían sido acusados de robo y detenidos por militares. Desde entonces, se encontraban desaparecidos. El 24 de diciembre, la policía encontró los cuatro cadáveres incinerados y con signos de tortura.

Ante lo anterior, el 25 de diciembre una jueza de niñez y adolescencia, mediante un habeas corpus, declaró la desaparición forzada; ordenó la investigación y conminó al Ministerio de la Defensa a disculparse por los hechos.

En tanto, la Fiscalía General comenzó la investigación penal contra 16 elementos castrenses, quienes fueron aprehendidos por el delito de desaparición forzada; a la vez, la Asamblea Nacional abrió pesquisas parlamentarias.

La CIDH criticó que el Ministerio de Defensa, tras emitir disculpas públicas por orden de una jueza, anunciara que buscará una sanción contra la impartidora de justicia por considerar que su actuación dio paso a una persecución política. Por eso, dijo la comisión, “se reconoce la decisión de la jueza que concedió el habeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos. Razón por la cual expresa su preocupación ante las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la defensa de derechos humanos, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos”.

También llamó al gobierno de Ecuador a garantizar la seguridad de las familias de los cuatro niños, brindarles acompañamiento sicosocial y asegurar reparaciones adecuadas. Para la CIDH, este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país que han autorizado la acción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales.

Sybel Martínez, abogada especializada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, manifestó ayer en una entrevista radial que sólo de enero a octubre del año pasado, la policía ecuatoriana detuvo a 3 mil 86 niños.