Organizaciones de Naciones Unidas alertan sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destaca que al menos 25 por ciento de los migrantes en América Latina y el Caribe son menores de edad, a quienes se les debe proteger y garantizar el acceso a la educación.

En el cuarto encuentro regional Educación más allá de las fronteras, para abordar los desafíos del derecho a la instrucción de los migrantes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomendó a los países de Latinoamérica establecer respuestas integrales, que aborden los flujos migratorios mixtos, es decir, tanto de migrantes como de retornados.

Estimó que en 2024 más de 21 millones de personas abandonaron su país de origen, incluidos niños y adolescentes, y alertó que ningún país puede dar una respuesta aislada al crecimiento de personas en condición de movilidad.

Revalidación de estudios

Por ello, se impulsan acciones como la aprobación de una política regional de reconocimiento, validación y acreditación de estudios de países como Belice, Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la cual busca facilitar el reconocimiento de estudios entre los países miembros mediante la creación de comisiones y convenios de equivalencia de los niveles educativos.

La Unesco agrega que se ha avanzado en el reconocimiento de habilidades mediante pruebas, permitiendo a los jóvenes obtener certificados de competencia que facilitan su acceso a niveles educativos superiores o empleos formales en las comunidades de acogida.

Otras acciones impulsadas desde los organismos de Naciones Unidas son garantizar entornos educativos inclusivos y brindar apoyo socioemocional, no sólo académico, a las infancias en contextos de movilidad.

Se destacó también la relevancia de la ayuda socioemocional para abordar conflictos y problemáticas sistémicas como la pobreza y la xenofobia, y la necesidad de que la comunidad educativa esté preparada para ofrecer una respuesta integral a estos desafíos, tanto a nivel institucional como familiar.