pesar de no haberse establecido con precisión en qué consistía la corrupción que llevó a la reforma judicial aprobada el pasado 15 de septiembre, se hizo reducción significativa en el presupuesto de poder judicial federal para este año, lo cual ineludiblemente impactó en los ingresos del personal judicial. Esto se hace en clara contravención al contenido del artículo Décimo transitorio de ese decreto, donde se precisó que Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad.
Entre los principales derechos laborales de cualquier empleado está recibir el salario íntegro, sin reducciones. La disminución de los ingresos de los trabajadores, por mínima que sea, es contraria a la reforma aprobada en tiempo mínimo, sin discusión legislativa en muchos estados. Si ello sucede por un recorte atribuible al poder legislativo, con vistas al proyecto presentado por el ejecutivo federal, y ejecutado por el consejo de la judicatura federal, los tres poderes incumplen con el mandato político del partido en el poder y con el texto constitucional. Si la reforma judicial obedeció a una maniobra política (liberar el camino para las nuevas políticas de estado mediante los cambios constitucionales, sin juzgadores que pudieran estimar que había ilegalidad o inconstitucionalidad en decretos o acciones) parece haber la misma intención política de intentar apaciguar a la base trabajadora judicial con el insistente discurso de que los trabajadores (aquellos que no eran jueces o magistrados, pues estos también son trabajadores y no se le respetaron sus derechos) no serían afectados en sus retribuciones. Todo el personal fue afectado desde el momento en que se le quitó la posibilidad para acceder al cargo de juzgador mediante exámenes de oposición. Muchos se habían preparado décadas para ganar esos concursos, incluso mediante el estudio de maestría y doctorado, recorriendo las categorías judiciales, pero al cambiar el criterio de acceso a los puestos de titulares judiciales mediante el voto, claramente fueron afectados en sus derechos laborales y en su proyecto de vida (derecho humano al libre desarrollo de la personalidad en su aspecto laboral). Ahora también se les pretende reducir el ingreso, con todo y que no habían tenido un aumento salarial significativo en décadas. O se les engañó con motivo del presupuesto de este año, o se les pretendió engañar desde un principio.
Este engaño puede suponerse desde la reciente Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (Diario Oficial de la Federación del 02/01/2025) donde se establece un capítulo que habla de los principios rectores de la carrera judicial que se deberá garantizar en todas sus etapas
. Para establecer que los puestos de juez y magistrados federales no son parte de la carrera judicial, el artículo 11 de esa ley establece las categorías que la integran. La novedad en tal ley es que ahora se incluyen los puestos de secretario y subsecretario general de acuerdos de la suprema corte, de la sala superior del tribunal electoral y del tribunal de disciplina judicial; secretario de estudio y cuenta e instructor de ministro, de la sala superior del tribunal electoral y del tribunal de disciplina judicial. Hasta el momento no se han abierto los cursos o hecho las convocatorias para tales puestos. Durante décadas tales cargos fueron reservados para los recomendados de los ministros y magistrados electorales. Especialmente importantes para los juzgadores con nula experiencia judicial, estos puestos eran de confianza doble (orgánica y personal): los ministros se ponen en manos de estos auxiliares visto el desconocimiento de la técnica y conceptos sustantivos del quehacer jurisdiccional; si bien las nuevas ministras han privilegiado el aspecto político. De acuerdo con el sentido de la nueva ley de carrera judicial, al parejo con la salida de los ministros, tales puestos deberán abrirse a concurso o a la aprobación del curso respectivo. Así como los jueces y magistrados, al llegar a un órgano judicial, deben trabajar con secretarios que les son desconocidos (con la posibilidad de encontrar personal entregado a la función o vivales que delegan en los mecanógrafos todo el trabajo o delincuentes encubiertos que buscan imponerse al juez para obtener ganancias ilícitas), también los ministros podrían tener personal ajeno a sus intereses.
Hasta el momento se ha incumplido con la reforma en el respeto a los ingresos y en la apertura en la carrera judicial.
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